La angustia de los familiares de Mario César García, desaparecido desde el 8 de diciembre, se ha convertido en un reclamo público de alto voltaje. En una carta difundida en las últimas horas, la familia denunció la "falta de avances concretos" y la "presunta irregularidad" en el accionar del Estado, vinculando directamente la inacción a la denuncia previa que García había realizado.

La sombra de la denuncia a la Comisaría
Los familiares recuerdan que el 5 de noviembre, Mario García había expuesto públicamente presuntas irregularidades en el funcionamiento de una comisaría local, ratificando sus dichos ante la Fiscalía N.º 1. Apenas un mes después de esas acusaciones, se produjo su desaparición.

La familia subraya que el Estado ha vulnerado protocolos básicos de búsqueda inmediata. Según su testimonio, existe una demora crítica, la herramienta de búsqueda urgente, conocida como “Clave 19”, fue emitida siete horas después de que se realizara la denuncia, comprometiendo gravemente las primeras horas de la investigación, por otro lado, aseguran que hay una ausencia estatal, a pesar de la existencia de una pista "concreta que requería un rastrillaje urgente", no se dispusieron recursos ni hubo "presencia estatal en el lugar".

"No nos dicen ni pío"
La frustración se extiende al ámbito judicial. Un familiar criticó la falta de respuestas: “Hace seis días que no nos dicen ni pío”. El reclamo se agrava al señalar que la Fiscalía se niega a recibir la ampliación de la denuncia y exige que quienes tienen datos para aportar "deben presentarse a declarar", incluso pidiendo a la familia que los "lleve" a declarar.

El escrito concluye exigiendo transparencia, una investigación independiente y una búsqueda real e inmediata. La familia advierte que cualquier hecho que afecte su integridad o la de su entorno debe ser analizado bajo la lupa de la denuncia pública que Mario García había realizado, haciendo un llamado urgente a la comunidad y a los organismos de derechos humanos ante lo que consideran una grave vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado.