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Sábado, 14 de noviembre de 2026
Del robo a la Fiat al imperio narco y el lavado: quién es “Budín” Ibáñez
Condenado en 2012 por un violento atraco a una concesionaria de Río Gallegos y con un pasado como trabajador petrolero, Cristian Sebastián Ibáñez enfrenta hoy prisión preventiva acusado de ser el nexo clave entre el lavado de $390 millones para Lázaro Báez y una banda narco que traficaba cocaína hacia Santa Cruz.
En la trama judicial de Río Gallegos, pocas trayectorias ilustran con tanta nitidez la mutación del delito común hacia las estructuras complejas de criminalidad económica y narcotráfico como el expediente de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido en el ambiente local bajo el alias de “Budín”.

A dieciséis años de aquel violento atraco nocturno en pleno centro de la capital santacruceña que lo llevó por primera vez al banquillo de los acusados, el hombre que en 2012 escuchó una condena de cinco años de prisión efectiva reaparece hoy, a sus 37 años, en el centro de una investigación federal de alto impacto que sacude a la Patagonia y vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio del empresario condenado Lázaro Báez.

El registro penal de Ibáñez quedó marcado a fuego la noche del 1° de diciembre de 2010, alrededor de las 21:00 horas, cuando junto a Miguel Remolcoy irrumpió armado en la concesionaria Fiat ubicada en la Avenida Gregores 544. Tras reducir e intimidar a cuatro personas que permanecían en el local, los asaltantes subieron a las oficinas de la planta alta y vaciaron una caja fuerte, alzándose con un botín estimado en 200.000 pesos, 11.000 dólares y cheques varios, además del teléfono celular del gerente del establecimiento, a quien le aplicaron un culatazo en el maxilar inferior izquierdo provocándole lesiones de consideración.

Por ese hecho, el 17 de marzo de 2012, la Cámara en lo Criminal dictó sentencia condenatoria y encontró a los autores penalmente responsables del delito de robo calificado por el uso de armas de fuego, imponiéndole cinco años a Ibáñez.

Con el paso de los años, tras purgar su pena por el delito contra la propiedad y transitar un paso laboral por la industria petrolera santacruceña, el perfil público y registral de Ibáñez experimentó un giro drástico. Lejos de los asaltos a mano armada y de la actividad en los yacimientos, su nombre comenzó a figurar en edictos comerciales y movimientos financieros de envergadura en Santa Cruz.

Paralelamente, en las calles de Río Gallegos su nombre comenzó a circular como un secreto a voces: el nuevo hombre de confianza y operador territorial de Lázaro Báez, vínculo que él mismo dejó entrever en marzo de 2025 cuando llegó a exhibir en la red social TikTok imágenes del frente de la residencia de El Calafate donde el excontratista cumplía arresto domiciliario.

Ese vertiginoso ascenso se derrumbó el pasado lunes 9 de noviembre de 2026 en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando efectivos de la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron apenas aterrizó en el vuelo AR1857 procedente de Río Gallegos junto a Claudia Insaurralde —actual pareja de Lázaro Báez— y una tercera persona.

En la audiencia de formalización celebrada ante el juez federal de garantías Claudio Vázquez, el fiscal federal Julio Zárate, con la intervención de la PROCELAC, expuso una imputación de enorme gravedad que coloca a Ibáñez como la pieza de articulación entre dos expedientes federales conexos.

Por un lado, la acusación lo señala como el ejecutor territorial de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos comandada por el propio Lázaro Báez desde el Penal Federal de Ezeiza. Según la hipótesis fiscal, el empresario —condenado a 15 años por las causas Vialidad y La Ruta del Dinero K— continuó impartiendo órdenes directas mediante llamadas telefónicas para administrar, alquilar y explotar bienes embargados o bajo tutela judicial, utilizando códigos internos en los que él era llamado “El Tío” e Insaurralde “La Tía”.

Las intervenciones telefónicas y el secuestro de cuadernos manuscritos en su celda —entre ellos un listado titulado “El Clan” y rendiciones de cuentas sobre las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, galpones y departamentos en la calle Zapiola— permitieron a los investigadores detectar un flujo de dinero bajo sospecha estimado en 390.880.000 pesos, con un peritaje específico sobre cuentas vinculadas a Ibáñez que registró 677 operaciones bancarias por más de 380 millones entre diciembre de 2025 y agosto de 2026.

Por otro lado, esa misma investigación desnudó que Ibáñez ocupaba un rol de conducción junto a Jorge Elías Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez y Jorge Manuel Ulloa en una organización narcocriminal dedicada al tráfico y distribución de cocaína en Santa Cruz desde al menos diciembre de 2025. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la banda trasladaba la droga hacia la Patagonia utilizando camiones de transporte y la comercializaba en Río Gallegos empleando un lavadero de vehículos como pantalla, sospechándose además que parte de la estructura logística y los bienes vinculados al entramado patrimonial de Báez brindaron soporte a las maniobras ilícitas, en una trama donde las escuchas captaron al propio “Budín” lamentando el secuestro de un cargamento con la frase “qué cagada, cayeron los kilos”.

Tras los más de 27 allanamientos simultáneos desplegados en Santa Cruz y Buenos Aires —que arrojaron el secuestro de camiones, una quincena de rodados, estupefacientes y documentación contable—, el juez Claudio Vázquez dictó la prisión preventiva para 12 de los 16 imputados, incluido Cristian Sebastián Ibáñez.

Hoy enfrenta cargos provisorios por lavado de activos agravado, asociación ilícita calificada, insolvencia fraudulenta, defraudación y tráfico de estupefacientes, cerrando un círculo criminal que comenzó con una caja fuerte violentada a punta de pistola en la Avenida Gregores y desembocó en el corazón de una de las causas federales más resonantes de la provincia.
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