En una jornada marcada por la tensión y la preocupación sanitaria, médicos forenses del Poder Judicial realizaron una inspección de oficio en la Comisaría Quinta de la capital provincial. El objetivo de la visita fue realizar un control exhaustivo de la población penal, luego de que trascendiera la existencia de un brote de sarna que afecta a varios de los detenidos.

La revisión médica alcanzó a los internos que se encuentran en los pabellones principales y a aquellos alojados en el sector de anexo. Esta intervención judicial responde a las crecientes quejas sobre las condiciones de insalubridad y la falta de ventilación en una sede que, originalmente diseñada para detenciones transitorias, hoy funciona como una unidad penitenciaria de hecho.

Un foco infeccioso en medio del colapso
La Comisaría Quinta es hoy uno de los puntos más críticos del sistema de seguridad de Río Gallegos. Allí conviven sujetos procesados por delitos de extrema gravedad, como tentativas de femicidio y homicidios, en espacios reducidos que facilitan la propagación de enfermedades infectocontagiosas como la escabiosis.

Esta situación sanitaria se suma a las recientes advertencias de la presidenta de la Cámara Criminal, Dra. Alejandra Vila, quien calificó la falta de plazas carcelarias como un "tema pendiente de solución" por parte del Ministerio de Seguridad. El hacinamiento no solo vulnera los derechos básicos de los detenidos, sino que expone diariamente al personal policial a contagios y situaciones de violencia derivadas del malestar por las condiciones de encierro.

El rol de la justicia
La presencia de los forenses marca un paso administrativo clave: de confirmarse el diagnóstico de forma oficial en los legajos judiciales, el Poder Judicial podría intimar al Ejecutivo Provincial a realizar traslados urgentes o a garantizar medidas de desinfección y tratamiento médico inmediato.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe público con los resultados de las revisiones, pero el malestar entre los familiares de los detenidos y el personal de la fuerza continúa en aumento ante la falta de una solución estructural a la crisis penitenciaria que mantiene a las comisarías de la ciudad al borde del colapso total.