El sistema de seguridad de Santa Cruz no solo está saturado: está siendo sostenido por un hilo de negligencia política. Desde finales de 2025 y lo que va de 2026, la cartera de Seguridad ha decidido ignorar sistemáticamente cada orden, pedido y exhortación enviada por los jueces de la Cámara Criminal.

Un pliego de reclamos que nadie atiende
La Justicia no está pidiendo lujos; está exigiendo que se cumpla la Constitución Nacional. En los despachos oficiales se acumulan pedidos urgentes que demandan:
sacar a los presos de las Comisarías, ya que las sedes policiales no son cárceles. Son depósitos donde hoy se amontonan seres humanos y policías en condiciones infrahumanas. Además, se solicitó atención médica, que se aumenten los montos destinados a la comida, que se les garantice la educación.

El silencio como estrategia de desprecio
Lo más grave no es solo la falta de recursos, sino la rebeldía administrativa. El Ministerio de Seguridad no responde los oficios y no presenta planes de contingencia. Este silencio no es otra cosa que un desprecio absoluto hacia el Poder Judicial y hacia el propio personal policial, que queda "en la línea de fuego" custodiando una estructura que se cae a pedazos.

El Ministerio de Seguridad no solo le da la espalda a los presos; le da la espalda a la sociedad, permitiendo que las comisarías se conviertan en focos infecciosos financiados por el abandono estatal.