El intendente Pablo Grasso sumó su voz al debate nacional tras conocerse novedades en el litigio por la expropiación de YPF. A través de sus redes sociales, el jefe comunal capitalino envió un fuerte mensaje de respaldo a la soberanía energética, calificando la nacionalización de la empresa como un hito fundamental para el desarrollo del país y de las provincias productoras como Santa Cruz.

Defensa de la soberanía
Para Grasso, el proceso que permitió que el Estado recuperara el control de la petrolera en 2012 fue un acto de justicia económica. "La expropiación de nuestra empresa nacionalizada se hizo conforme a derecho y fue una acción soberana e histórica", expresó el intendente, alejándose de las posturas que cuestionan el costo del proceso judicial en los tribunales de Estados Unidos.

"Se cayó el relato"
En su posteo, el mandatario municipal fue tajante respecto a los sectores que litigan contra el país: "Se cayó el relato de los buitres y sus cómplices", afirmó, vinculando la defensa de YPF con la protección de los recursos naturales que pertenecen a los argentinos.

Desde el entorno de la intendencia subrayan que la postura de Grasso no es solo ideológica, sino estratégica. Para una ciudad como Río Gallegos, cuya economía y servicios están íntimamente ligados a la actividad hidrocarburífera de la cuenca, la estabilidad y el control estatal de YPF se consideran garantías de inversión y empleo local.

El contexto político
Este mensaje de Grasso se da en un momento de alta exposición política del intendente, quien viene reforzando su perfil federal y su alineamiento con figuras nacionales que defienden el rol activo del Estado. Al reivindicar la nacionalización de YPF, Grasso marca una clara diferencia con el modelo de desregulación energética que se propone desde otros sectores del arco político.