El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) brindó detalles sobre la finalización del operativo internacional "Aliados por la Infancia VI", una investigación de escala transnacional contra la explotación sexual infantil en entornos digitales. La operación culminó con 270 allanamientos en 15 países, posicionando a Santa Cruz como una de las jurisdicciones clave con 11 domicilios intervenidos.

Tecnología de punta en la investigación
El éxito del despliegue se basó en el uso de herramientas digitales avanzadas como ICACCOPS y CPS, que permiten rastrear usuarios en redes de intercambio de archivos (P2P). La fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, explicó que el proceso surgió del análisis de reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de EE.UU.

“Lo que sigue ahora es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ. Estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados”, expuso la fiscal Dupuy.

Resultados en Argentina y el mundo
El Fiscal General de CABA, Martín López Zavaleta, valoró el rol de Argentina como coordinador regional:

Detenciones: 84 sospechosos bajo custodia (26 en Argentina y 58 en el resto del mundo).
Alcance: Intervenciones en Brasil, Panamá, República Dominicana, España, Francia y otros 10 países.

Santa Cruz: Con 11 allanamientos, la provincia fue una de las más activas, recibiendo la información detectada por la Unidad de Cibercrimen para proceder con la verificación de domicilios y los secuestros de material.

Cooperación institucional
Por su parte, la secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), Bárbara Moramarco, subrayó que la cooperación internacional, especialmente con la Embajada de los Estados Unidos y el U.S. Department of Homeland Security, constituye un "presupuesto ineludible" para abordar delitos transnacionales de esta complejidad.

La operación "Aliados por la Infancia" continúa ahora en sede judicial, donde los dispositivos incriminatorios secuestrados en los 11 puntos de Santa Cruz y el resto de las provincias serán sometidos a peritajes para determinar si los detenidos son responsables de tenencia, producción o distribución de material de abuso sexual infantil.