El conflicto salarial que mantiene en vilo al personal de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial escaló este sábado a su punto de mayor tensión institucional. En un movimiento que diversos
sectores califican como una muestra de inoperancia política y debilidad en las mesas de negociación, el Gobierno provincial resolvió dar por agotadas de manera unilateral las instancias del Consejo del Salario, recurriendo a un "decretazo" administrativo para fijar la nueva recomposición de haberes.

La oficialización de la norma se conoció a última hora de la tarde, bajo un escenario temporal sumamentebconveniente para el oficialismo: en pleno desarrollo del partido de la Selección Argentina.

Para las basesbpoliciales y los analistas del ámbito local, la elección del momento no reviste ninguna casualidad.

Representaba un claro intento de licuar el impacto de la noticia en la opinión pública y adormecer una reacción inmediata en las calles, desviando la atención general hacia el acontecimiento deportivo.

Estructura del aumento impuesto

A partir de los haberes correspondientes al mes de julio, el sueldo de bolsillo de un agente inicial con cero años de antigüedad se establecerá de forma unilateral en $1.746.634, partiendo de los $1.182.351 actuales. Si bien la administración presenta el monto como el "tercero más alto del país", la forma de su aplicación clausura de raíz la legitimidad paritaria.

El fracaso del monólogo oficial
Aunque la retórica del Ejecutivo se esfuerza en pregonar una supuesta "vocación al diálogo que siempre existió", la realidad puertas adentro del Consejo del Salario demostró una dinámica opuesta. Quienes siguieron de cerca el devenir de las siete rees llevadas a cabo constatan que nunca existió una búsqueda genuina de
consenso o una flexibilización de las partidas presupuestarias por parte de los funcionarios de turno. Por el contrario, se estructuró una constante imposición de topes rígidos que no alcanzan a compensar el desfasaje inflacionario que asfixia el poder adquisitivo de la familia policial.

La incapacidad técnica para destrabar el conflicto a través de los canales institucionales pertinentes quedó expuesta al optarse por la vía del hecho: una resolución cerrada, sin firmas de conformidad por parte de los representantes de los trabajadores. Lo que el Gobierno describe formalmente como "quince propuestas
formuladas" fue catalogado por los delegados del sector como una mera repetición de variantes cosméticas sobre una misma cifra predeterminada e insuficiente, evidenciando una notable falta de herramientas de mediación.

Giro coercitivo y la política del archivo
El aspecto más polémico y divisivo de la resolución gubernamental radica en el fuerte componente de coerción que contiene su articulado. Lejos de actuar como un paliativo pacificador, el texto fija una hoja de ruta con un explícito ultimátum reglamentario: la entrada en vigencia efectiva será este próximo lunes,
disponiéndose de forma simultánea que todo agente que no se presente a cumplir sus tareas habituales sufrirá el descuento inmediato del día no trabajado.

Esta disposición punitiva hiere directamente la línea discursiva del actual mandatario provincial. Durante la campaña electoral que lo catapultó al poder, Claudio Vidal cimentó una porción sustancial de su plataforma electoral en la crítica descarnada hacia las metodologías de la gestión anterior, denunciando vehementemente
los descuentos de días de paro y catalogándolos como herramientas de persecución salarial y "atropellos autoritarios contra el hambre de las familias".

Hoy, posicionado al frente del Estado y condicionado por la parálisis de su propia gestión paritaria, el oficialismo echa mano a las mismas recetas coercitivas del pasado que prometió desterrar de la cultura política
santacruceña, utilizando el bolsillo del trabajador como el principal mecanismo de disciplina y domesticación del reclamo legítimo.

Rees tardías para contener el descontento
En una maniobra posterior orientada al control de daños, se anunció que el gobernador encabezará en los próximos días una serie de rees presenciales con efectivos de diversas jerarquías y destinos de la provincia, ordenando a su vez el "fortalecimiento" del área de Recursos Humanos de la Fuerza para dotarla de mayor capacidad de escucha interna.

Este llamado de proximidad, sin embargo, llega de forma tardía y es interpretado en el seno de la Fuerza como un intento desesperado por edificar una foto de consenso ficticio con el personal subordinado. Tras haber vaciado de poder y puenteado de manera flagrante al Consejo del Salario —el único ámbito legal, técnico y legítimo para resolver la cuestión de fondo—, el Poder Ejecutivo intenta ahora legitimar mediante el contacto directo una decisión unilateral que carece del aval de los representantes formales de los trabajadores.