La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y la Federación Económica de Santa Cruz emitieron una denuncia pública conjunta advirtiendo sobre el impacto negativo que generan las iniciativas de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU en la economía local. En declaraciones brindadas a Radio Urbana, el titular de la entidad mercantil, Guillermo Polke, remarcó que las acciones de la firma pública atentan contra el comercio tradicional al generar una competencia desleal financiada con recursos del Estado provincial.

El malestar empresarial resurgió tras el reciente anuncio oficial sobre la creación de un bodegón estatal proyectado para elaborar más de 150 platos diarios. Polke señaló que, lejos de cumplir la promesa inicial expresada por el titular de la sociedad del Estado, Gustavo Cíbori —quien había afirmado que la empresa pública vendría a complementar la oferta en sectores donde el privado no tenía presencia—, las medidas adoptadas hasta el momento han buscado competir directamente con locales comerciales gastronómicos y comercios minoristas previamente instalados en la capital provincial.

Como antecedente, el referente mercantil citó la experiencia del Mercado Concentrador de frutas y verduras en Río Gallegos, iniciativa a la que calificó como una propuesta fallida que consumió fondos públicos y terminó reducida a un par de puestos de venta sin generar el abaratamiento de costos prometido para la población. Asimismo, cuestionó que los puestos instalados en predios estatales no hayan contado con las habilitaciones correspondientes ni con el cumplimiento de las normativas fiscales que sí se le exigen de manera rigurosa al sector privado.

Por otro lado, desde la conducción comercial se advirtió sobre la participación de Santa Cruz Puede SAU en licitaciones del propio Estado provincial. Al encontrarse inscripta en más de 150 rubros —que abarcan desde provisión de alimentos y artículos de farmacia hasta indumentaria, insumos informáticos y mantenimiento de matafuegos—, la firma pública actúa como revendedora frente al Estado. Esta situación, según denunciaron, genera una desventaja competitiva grave respecto de los proveedores privados, dado que la entidad estatal cuenta con información privilegiada al momento de cotizar en los procesos licitatorios oficiales.

Frente a este escenario, las entidades empresariales enviaron notas formales al gobernador Claudio Vidal, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Economía solicitando la revisión de estas políticas de intervención comercial. Finalmente, Polke recordó que tanto el Tribunal de Cuentas como legisladores provinciales han marcado irregularidades en el manejo de la firma estatal, por lo que instó al Poder Ejecutivo a convocar al diálogo al sector privado para trabajar en acuerdos de precios o canastas alimentarias conjuntas, advirtiendo que de continuar el actual esquema no se descarta acudir a la vía judicial.