La drástica medida se toma como respuesta directa a la creciente escalada de tensión provocada por el violento despliegue del Gobierno Provincial, cuyas decisiones intempestivas y desproporcionadas volvieron insostenible la operatividad diaria de uno de los yacimientos más importantes de la provincia.

A través de un comunicado interno emitido a sus colaboradores, la empresa enfatizó que la decisión responde al carácter de “fuerza mayor y condiciones excepcionales” generadas tras los recientes operativos provinciales. Desde Newmont señalaron que el objetivo es resguardar la seguridad del personal y garantizar una gestión responsable ante las incisivas acciones del Ejecutivo santacruceño.

Un megaoperativo que sembró el caos y paralizó la producción
El detonante de este paralizante escenario fue el desmesurado operativo policial y de fiscalización ordenado por el Ejecutivo provincial en el acceso por Ruta 39. Lejos de buscar canales de diálogo institucional o vías administrativas razonables, el Gobierno de la Provincia optó por montar un procedimiento judicial de alta visibilidad, irrumpiendo con fuerzas policiales, infantería y unidades especiales, lo que derivó en la ruptura de accesos y una virtual paralización del yacimiento.

Las arbitrarias trabas y la seguidilla de ceses de tareas preventivos impuestos por la autoridad provincial terminaron asfixiando la rutina operativa. Esta falta de previsibilidad jurídica y el hostigamiento estatal dejaron a la compañía sin garantías mínimas para continuar operando con normalidad, obligándola a replegar sus equipos y desmovilizar masivamente al personal hacia sus domicilios.

Impacto directo en los trabajadores y alarma en la industria
Las desacertadas decisiones del Ejecutivo no solo afectan el clima de inversión en Santa Cruz, sino que derraman una honda preocupación en las familias mineras y en la cadena de proveedores locales.

Retiro masivo y ordenado: Newmont notificó que informará los cronogramas para garantizar un descenso seguro y coordinado de cada equipo.

Rechazo gremial y tensión social: La parálisis forzada por las políticas del Gobierno ya generó fuertes fricciones y el estado de alerta de los sindicatos del sector, que ven amenazada la estabilidad laboral.

Reclamos resarcitorios: Trascendió que la minera no descarta recurrir a acciones judiciales contra la Provincia por los graves daños y perjuicios derivados del desmedido accionar gubernamental.

La desmedida presión estatal sobre Cerro Negro pone en evidencia la falta de un plan de acompañamiento productivo y deja al descubierto cómo la prepotencia institucional termina por apagar los motores económicos de la región, afectando a cientos de trabajadores que hoy enfrentan la incertidumbre tras el retiro del yacimiento. (iMÁGEN: Extremo Minero)