El trágico siniestro que dejó dos muertos y múltiples heridos expuso las graves falencias estructurales del sistema de detención; la Cámara de Diputados emplaza al Ministerio de Seguridad para que rinda cuentas en un plazo perentorio sobre el estado de la dependencia y la falta de protocolos de emergencia.

?En medio de una profunda conmoción social e institucional, la Cámara de Diputados de Santa Cruz se convirtió en el escenario de un duro reclamo de transparencia hacia el Poder Ejecutivo Provincial tras el devastador incendio registrado el pasado 12 de septiembre en el sector de alojamiento de la Comisaría Primera de Perito Moreno.

El trágico hecho, que se cobró la vida de dos personas privadas de su libertad y dejó con serias afecciones de salud a otros detenidos y al personal policial, derivó en la presentación formal del Proyecto N.º 619 impulsado por el diputado Daniel Román Peralta (Bloque Santa Cruz Somos Todos). La medida busca destapar la realidad edilicia y operativa con la que operan las dependencias policiales en el territorio santacruceño.

?El pedido de informes, aprobado para un emplazamiento perentorio de diez días hábiles, exige una radiografía completa de las condiciones de seguridad en las que se produjo el siniestro.

En un cuestionario de extrema rigurosidad, la Cámara requiere saber el número exacto de internos alojados al momento del fuego, el nivel de hacinamiento frente a la capacidad técnica habilitada y la fecha de las últimas inspecciones edilicias.

Asimismo, la iniciativa exige acreditar la presencia y estado de mantenimiento de los elementos básicos de prevención contra incendios —como matafuegos, alarmas, luces de emergencia y detectores de humo—, además de la copia íntegra de los protocolos de evacuación aplicados y el tiempo real que tardaron en arribar los bomberos y los servicios de salud.

?La presentación legislativa apunta de lleno contra una problemática de fondo desgarradora: la transformación sistemática de las comisarías en cárceles improvisadas. El documento solicita estadísticas detalladas sobre el número total de detenidos en comisarías de toda la provincia, cuestiona la falta de infraestructura penitenciaria específica en la zona norte y demanda auditorías inmediatas para evitar que se repita una tragedia semejante.

En sus fundamentos, Peralta remarcó de manera tajante la responsabilidad indelegable que le cabe al Estado en el resguardo de las personas bajo su tutela y advirtió sobre la precarización laboral a la que se expone a los propios efectivos policiales, obligados a ejercer funciones penitenciarias sin los recursos ni el equipamiento necesario.