Un nuevo y estremecedor episodio pone en la mira al sistema penitenciario y al fuero judicial de la provincia de Santa Cruz. Se trata del caso de Jonathan Casas, un joven alojado en el contexto de encierro de Puerto San Julián, cuya vida estuvo a punto de truncarse tras sufrir un cuadro severo de descompensación diabética, anemia aguda y deshidratación, producto de lo que su familia define como una cadena implacable de negligencias médicas, tratos crueles e inacción institucional.

El calvario de Casas comenzó a principios de septiembre, cuando empezó a manifestar cuadros continuos de vómitos, mareos e incapacidad para ingerir alimentos, síntomas compatibles con una hipoglucemia severa. Según relató su pareja, Guadalupe, al ser trasladado al nosocomio local de San Julián, el joven se encontró con que la atención inicial pretendía realizarse a través de un tótem de atención virtual que terminó por descompensarse, retrasando los diagnósticos adecuados.

Pese a ser ingresado posteriormente en la unidad de terapia intensiva y derivado a sala común, los malestares persistieron. La situación escaló en gravedad durante las visitas familiares, donde Guadalupe presenció y denunció agresiones verbales e intimidaciones por parte del personal médico de guardia y autoridades penitenciarias, quienes desestimaron el estado crítico del paciente atribuyendo su condición a una supuesta manipulación personal. Las amenazas de traslados punitivos a penales lejanos como el de Rawson y la falta de empatía marcaron las horas más críticas de su internación.

Tras exigencias de derivación por parte de la familia y la interposición de recursos ante la fiscalía y la defensoría oficial, Casas continuó sufriendo altibajos, altas hospitalarias apresuradas y recaídas que obligaron a sus compañeros de celda a exigir la intervención de ambulancias. Finalmente, ante un cuadro de riesgo vital inminente —con valores descompensados y signos de acidosis—, fue derivado de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde actualmente evoluciona de manera favorable tras permanecer internado en estado crítico.

El trasfondo del caso revela un reclamo histórico por la falta de provisión de insumos básicos y el control riguroso de la medicación en las dependencias policiales, tareas que habitualmente recaen de forma exclusiva sobre los familiares de los detenidos. Sumado a esto, Guadalupe recordó que han presentado sistemáticamente denuncias por violencia física, las cuales incluyeron agresiones que le provocaron al interno fisuras en sus costillas y marcas persistentes por el uso desmedido de esposas, causas que terminaron archivadas o desestimadas por la justicia.

Con la causa judicial a cargo del Juez Olivera y el Fiscal Rearte, la familia apunta directamente contra la arbitrariedad en la denegación reiterada de prisiones domiciliarias y la falta de garantías en el derecho a la salud.

Guadalupe concluyó que existe una marcada disparidad en las decisiones judiciales y que el único factor determinante en el trato hacia su pareja ha sido su condición socioeconómica, responsabilizando de forma directa a las autoridades judiciales y penitenciarias por la integridad física de Jonathan Casas de cara al cumplimiento del tramo final de su condena.