Un grave episodio salpica a la conducción de la Comisaría Seccional Sexta de la capital santacruceña y enciende las alarmas en el Ministerio de Seguridad de la provincia. La trama combina la presunta desaparición de medio millón de pesos bajo custodia policial, el intento fallido de cubrir el dinero de manera informal y la sospechosa respuesta institucional de mover de comisaría a la funcionaria que decidió no callar.

El origen de la causa judicial se remonta a un procedimiento llevado a cabo en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes. Durante las actuaciones, el personal interviniente logró secuestrar una suma superior al millón de pesos en efectivo. Tal como lo establece el protocolo de actuación para causas de órbita penal federal, el dinero fue contabilizado, labrado en actas y quedado en resguardo bajo llave dentro del despacho del segundo jefe de la dependencia.

El conflicto estalló a fines de septiembre, cuando el Juzgado Federal libró la orden formal para retirar el efectivo de la sede policial e ingresarlo en una cuenta bancaria judicial. Al momento de realizar el arqueo final previo al traslado de los fondos, la cifra ya no cerraba: faltaban aproximadamente $500.000 del total de lo incautado.

De acuerdo con la versión vertida en la presentación judicial, la oficial —quien participó de manera directa en el procedimiento original— ratificó haber entregado la totalidad del dinero secuestrado a las autoridades de la seccional, quedando la custodia bajo la estricta responsabilidad del jefe y subjefe de la comisaría.

Lejos de iniciarse un arqueo transparente o de notificar formalmente la anomalía al juzgado interviniente, los superiores le habrían planteado una alternativa informal: que ella aportara una parte del dinero faltante de su propio bolsillo y que ellos cubrirían el resto para reponer la suma antes de concretar el depósito. Ante la gravedad de la propuesta, la oficial se negó de manera tajante a participar de la maniobra y resolvió radicar la denuncia correspondiente ante la Justicia para exponer lo ocurrido.

Sin embargo, el desenlace de la presentación derivó en un movimiento interno que genera severos cuestionamientos. En lugar de disponerse el apartado preventivo o la investigación prioritaria sobre quienes tenían bajo su custodia directa la llave y la oficina donde se resguardaba el dinero, la primera medida administrativa de la fuerza fue notificar el traslado de la oficial denunciante hacia la Seccional Tercera.

La medida reabre interrogantes institucionales sobre el manejo de la cadena de custodia y los mensajes que se envían hacia el interior de la fuerza frente a casos de presuntas irregularidades. Hasta el momento, se aguarda que tanto la Jefatura de Policía como el Ministerio de Seguridad, encabezado por Pedro Pródromos, aclaren si se dio inicio a los sumarios administrativos para determinar la responsabilidad del personal jerárquico y precisar las razones operativas que justificaron el traslado de quien visibilizó el faltante.