Hay decisiones judiciales que cruzan de inmediato el límite del expediente e impactan de lleno en el corazón de toda una comunidad. La medida adoptada en las últimas horas por el Juzgado de Instrucción a cargo del juez Giménez —que permitió que un hombre investigado por presunto abuso sexual con acceso carnal contra víctimas menores de edad camine en absoluta libertad tras un simple trámite de fijación de domicilio— no solo genera perplejidad y estupor, sino que exige explicaciones urgentes por parte del Poder Judicial.

Frente a la extrema gravedad del cuadro, la pregunta deja de ser una mera especulación técnica para convertirse en un severo cuestionamiento institucional: ¿sabía realmente el juez Giménez a qué clase de sujeto estaba devolviendo a las calles de la capital santacruceña?

La jornada del miércoles 14 de octubre no fue un procedimiento de rutina. Cerca de las diez de la mañana, la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz irrumpió en una vivienda de la Avenida Almirante Brown al 1500, en el marco de una causa instruida preventivamente por la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Las evidencias recolectadas en el inmueble fueron contundentes: las fuerzas de seguridad secuestraron numerosos teléfonos celulares, discos de memoria externa, pendrives y adaptadores de tarjetas SIM, insumos periciales clave para determinar la autoría del delito.

Sin embargo, tras semejante despliegue y el aseguramiento del material informático, la orden emanada desde el juzgado del doctor Giménez fue un auténtico portazo a la lógica de la prevención: notificarlo de la causa, hacerle fijar domicilio y dejarlo marchar en libertad.

El malestar social tiene un sustento firme en los archivos judiciales. El sospechoso de 40 años que volvió a la calle por decisión de la Justicia arrastra un pesado prontuario en los tribunales locales, donde su nombre y su forma de actuar ya son bien conocidos.

El 18 de septiembre de 2012, cuando tenía 27 años, el mismo individuo protagonizó un violento raid en la Avenida Néstor Kirchner y Magallanes mientras intentaba captar a un menor de edad.

Para evitar su detención por parte de la División Delitos Complejos, aceleró su automóvil y embistió de lleno a un efectivo policial de civil.

Aquella causa sacó a la luz su modus operandi en redes sociales, donde creaba perfiles para contactar niños y adolescentes, ganarse su confianza, enviarles contenido pornográfico y pactar encuentros presenciales, lo que derivó en un allanamiento en la calle Almirante Brown al 1500 y el secuestro de computadoras, preservativos y vaselina.

Aquellas actuaciones no terminaron en una simple sospecha: en 2014, la Cámara en lo Criminal lo juzgó y le dictó una condena firme por el delito de corrupción de menores, cuya pena cumplió en prisión.

Hoy, catorce años después de aquel primer arresto y con una sentencia condenatoria cumplida en su prontuario, el sujeto vuelve a ser señalado por el mismo patrón de abordaje hacia la niñez, bajo una figura penal sustancialmente más gravosa. Resulta imposible explicarle a la sociedad cómo, ante la sospecha fundada de abuso sexual con acceso carnal, la incautación de abundante material digital y la reincidencia de un condenado por delitos sexuales, el criterio del juez Giménez sea permitir que el imputado espere el resultado de las pericias en la vía pública.

Mientras la División Cibercrimen perita minuciosamente los celulares y soportes de memoria secuestrados, la comunidad de Río Gallegos vuelve a quedar expuesta ante una libertad que la Justicia firmó en un papel, pero que nadie puede justificar en la realidad.