El silencio de la capital santacruceña solía ser el único testigo mudo del aislamiento, pero la jornada de la fuga se convirtió en el escenario de una carrera desesperada por sobrevivir. Para Yamina, una joven de 23 años, la pesadilla comenzó a gestarse tras iniciar una relación con una mujer de apellido Romero a través de la red social Instagram. Lo que inició como un contacto virtual escaló hacia un cerco físico e institucional insostenible: el control absoluto sobre sus movimientos, insultos constantes, aislamiento metódico de sus seres queridos y agresiones físicas continuas.

El encierro de la víctima se consolidó entre las paredes de la residencia familiar de la imputada, ubicada en la calle Tres Lagos del barrio APAP, en Río Gallegos. La vivienda se transformó en una celda clandestina marcada por vejámenes cotidianos, maltratos físicos, contusiones en diversas partes del cuerpo y el suministro forzado de medicamentos para doblegar su voluntad.

El punto de quiebre ocurrió en las inmediaciones del natatorio municipal durante un traslado vehicular en el que Romero mantenía cautiva a la víctima. Movida por un instinto de supervivencia, Yamina aprovechó una distracción, abrió la puerta del automóvil en marcha y se arrojó a la calzada.

Corrió descalza, sin abrigo, con lesiones visibles y rasguños en el rostro hasta interceptar a una familia que transitaba por el lugar, quienes la resguardaron, la trasladaron a su propio domicilio para protegerla y alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad.

La respuesta de las autoridades se desplegó con celeridad tras el escape. La División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz ejecutó un ordenado allanamiento en el inmueble de la calle Tres Lagos, donde se secuestraron teléfonos celulares, psicofármacos y diversos elementos probatorios indispensables para el expediente.

Con la recolección del plexo probatorio y los informes médicos que certificaron el estado físico y traumático de la víctima, la jueza Yamila Bórquez dictó el procesamiento con prisión preventiva para la imputada Romero bajo las calificaciones legales de privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial, enfrentando una escala penal de hasta nueve años de prisión efectiva en un eventual juicio oral.