La reforma del Código Procesal Penal se había convertido en un tema de agenda y las especulaciones sobre los alcances de la iniciativa crecieron en las últimas horas; para aclarar el panorama ante las diversas lecturas que se hacían sobre el texto en cuestión, la jefa de Estado dio a conocer ayer los puntos principales de la propuesta y sorprendió con el punto que afecta a los delincuentes que nacieron en otro país.

En un discurso grabado en la Casa Rosada, Cristina Kirchner adelantó que los extranjeros que sean "sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito van a ser expulsados" si su situación migratoria es irregular y "no van a poder reingresar al país en 15 años".

La jefa de Estado indicó además que con esta propuesta se apunta a "terminar con la puerta giratoria" del delincuente que es detenido y sale en libertad inmediatamente, por lo que "se tendrá en cuenta la reincidencia" a la hora de establecer las penas de aquellas personas que hayan delinquido y que servirá para la prisión preventiva y no otorgar la libertad de quien aguarda un juicio.

"La sociedad se siente desprotegida", reconoció la Presidente, que con esta iniciativa apuesta a dar un giro respecto al proyecto del nuevo Código Penal elaborado por una comisión liderada por el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, e integrada por diputados oficialistas y de la oposición que aún no fue girado al Congreso y que no contemplaba la reincidencia como agravante para evitar las excarcelaciones.

La reforma -argumentó Cristina Kirchner- responde a una "demanda de todos los juristas y de la sociedad", y su objetivo es "garantizar una administración de justicia más segura y que contemple la participación de la víctima como controlador del proceso".

"Tengo un listado de más de 205 jueces y camaristas federales de todo el país pidiendo la reforma y el cambio del Código de Procedimientos Penales. También toda la academia, los juristas pedían este cambio. Y también la sociedad", concluyó.

Finalmente indicó que "el objetivo final es que el ciudadano tenga la certidumbre de que hay instrumentos legales que lo protegen y pueda reclamarle al juez y al fiscal si no están actuando como es debido"; en ese caso, indicó la mandataria, "el mal juez o mal fiscal dejarán de serlo" porque podrán ser sometidos a sanciones e incluso a un jury de enjuiciamiento para desplazarlos de su cargo. (Infobae)