Se solicitó que “se emplace al IPAUSS a pagar en 24 horas”, invocando el “carácter alimentario” del haber jubilatorio. “El paso siguiente será esperar el traslado para hacer las notificaciones y obligar al IPAUSS a pagar, bajo apercibimiento de imponer multa y comunicar a la justicia penal el delito de desobediencia”, informó el letrado.

Desde su estudio jurídico ingresaron “entre 30 y 40 escritos por la mañana”, pero en total son 1.333 amparistas. “Por lo que hablé con otros colegas, están haciendo lo mismo ante el incumplimiento”, dijo Santamaría, recordando que para el caso de Río Grande, la justicia ya fijó multa de “entre 500 y mil pesos” por día de mora.

“Los abogados ya deben haber presentado el pedido de ejecución de multa”, barajó el letrado capitalino.

Santamaría patrocina unos 300 jubilados y entre otros estudios jurídicos se reparte el resto. Desde el Directorio “supuestamente tienen que presentarse esta semana y estamos esperando que se resuelva dentro de las 24 horas este tema”.

Consultado acerca de cuál fue el problema de este incumplimiento, dijo que si pagaban los amparos no podían pagar las jubilaciones mínimas, porque venían con un atraso de pago a las jubilaciones más altas, que eran más de 400.

El abogado apuntó al directorio del IPAUSS como responsable “y por ese motivo ya impusieron costas en los amparos”, recordó.

Al margen de que no paguen porque debe el gobierno, legalmente corresponde a los directores y autoridades cumplir con la obligación. “Si después quieren hacerle juicio al gobierno porque no le pagaron la ley 676, son dos pesos aparte, pero el responsable del pago es el Directorio del IPAUSS y los funcionarios políticos”, sentenció.

Si bien “el IPAUSS responde con su patrimonio”, podría haber juicios para los funcionarios. “En otros casos la justicia aplicó la multa directamente al funcionario”, recordó el abogado.
Santamaría había explicado que no basta con argumentar que no hay dinero, porque no hay herramienta legal que lo explicite.

“Sin una emergencia decretada, no pueden afectar derechos constitucionales, menos de la seguridad social”, subrayó, agregando que este punto “ya está expuesto en las sentencias”.
Hasta hoy, ni el IPAUSS ni el principal deudor, que es el gobierno, se han declarado en emergencia. “Hoy no tienen justificativo legal para no cumplir con su obligación”, reiteró. (Actualidad TDF)