De acuerdo con lo programado, este viernes se llevó a cabo desde las 11:30 horas el plenario organizado por la comisión normalizadora de ATE Río Turbio, en donde se profundizó el debate por la situación de los despidos en YCRT, el futuro de la empresa y de la Central Termoeléctrica. La jornada se realizó en el auditorio de OSYC y contó con la presencia del secretario general normalizador, Cristian Oliva; el secretario de Asuntos Provinciales del Consejo Directivo Nacional, Ernesto Contreras; el vicegobernador de la provincia, Pablo González; el diputado nacional, Mauricio Gómez Bull; el diputado provincial, Matías Mazú y demás representantes de los distintos estamentos locales y provinciales.
Oliva fue el encargado de abrir el encuentro y de hablar sobre el panorama del yacimiento; en este punto, recalcó que los paritarios Daniel Castellón, Manuel Medel y Luis González debieron referirse a las últimas rees mantenidas con la empresa en este sentido, pero no fueron autorizados por la Intervención para asistir al evento.
“En más de un año, hemos venido peleando para que la mega usina forme parte de la unidad económica y que funcione con la mina, pero hasta ahora, solo contamos con una resolución a nivel nacional en la que la usina quedó en la órbita del área de Energía de la Nación, separada de la empresa. Así se descartó toda posibilidad de trabajar en conjunto, la unidad económica ya no existe. Así mismo, tal como viene haciendo el gobierno nacional, empezó de a poco el achique en Río Turbio. Hubo menos inversiones y respuestas de lo que hemos tenido tiempo atrás. Día a día se está demostrando en cada sector de trabajo que se pueden lograr cosas, pero falta mantenimiento y producción”, comenzó diciendo el referente local.
Seguidamente, el secretario normalizador habló sobre los despidos y remarcó que hubo errores administrativos comprobados por parte de la Intervención. Sin embargo, apuntó que no hubo respuestas “porque no quieren dar un paso atrás, ya que entienden que, si lo hacen, van a tener que reincorporar a todos los compañeros”. “El piquete que está en la Ruta Complementaria Nº 20 no es responsabilidad nuestra, sino de quienes dejaron cesantes a los trabajadores. Se ha hecho una campaña para desprestigiarnos, para hacer que la sociedad esté en contra nuestra. Esas son las armas que usa el gobierno, que ataca al trabajador desde lo convencional, lo sindical y hasta lo social. Vienen por las empresas estatales, hace un año que vienen achicando en todos lados”, subrayó, agregando que se le pidió al gobierno provincial que se encargue de buscar una solución a este conflicto.
Sobre el rol de la Intersindical, Oliva admitió que “ATE ha estado mucho tiempo apartado de las luchas de otros gremios, por lo que tendremos que reconstruir y empezar a trabajar en conjunto, porque esa es la única forma de salir adelante”. “Hay que entender que esto no es solo por nosotros, sino por todos. Muchos pasaron la década de los 90, allí vivimos un marco muy complicado, pero la diferencia es que ahora estamos más preparados que en aquel entonces para defender las fuentes laborales”, enfatizó.
“Nosotros no estamos en contra de la Intervención. Lo que argumentamos es la situación general de nuestra empresa madre, que es la que moviliza a toda la Cuenca. Ya no somos 700 personas, tenemos una población muy importante, con muchos años de historia que tiene que ser defendida en conjunto. El gobierno bajó una línea, y esa línea no se va a quebrar si no hay unidad. La empresa está en juego, y a ellos (por las autoridades) no les gusta cuando se dice eso: dicen que van a haber inversiones importantes, que vinieron porque había una situación caótica, pero la realidad es que acá hay tecnología de punta para empezar a trabajar. Hay que poner en funcionamiento el yacimiento en los sectores de trabajo, no en los medios de comunicación o en entidades políticas. Hoy no hay ni borceguíes ni ropa de trabajo, pero compran cosas innecesarias”, recalcó. En este aspecto, detalló que hay numerosas falencias en Punta Loyola, Talleres Centrales, Planta Depuradora y demás ámbitos de la empresa.

A continuación tomó la palabra el abogado René Couder, quien asesora legalmente a la seccional, para hacer un repaso sobre las cuestiones técnicas que giran en torno a los despidos. Inicialmente, aseguró que hay un contexto que contempla miles de despidos en todo el país y que YCRT forma parte del mismo. “El gobierno nacional tiene un modelo de país contrario al que pensamos nosotros, y en ese marco, han sucedido los 79 despidos. Hay ajuste y retiros voluntarios, tal como pasó en los 90″, añadió.
“En diciembre de 2016, el interventor Omar Zeidán firmó una resolución y, a comienzos de enero, notificó mediante cartas documento la cesantía a los afectados. Se basó en la Ley del Empleado Público, artículo 32, inciso A, que dice que había más de diez días de inasistencia en los últimos doce meses, y con ese argumento, pretendió justificar los despidos. Algunos compañeros iniciaron acciones legales en el Juzgado Federal de Río Gallegos, y nosotros respetamos esas decisiones personales. Nosotros consideramos que es una apuesta muy fuerte porque la justicia federal es la justicia de (Mauricio) Macri, más allá de la imparcialidad y la separación de poderes. Por otro lado, otros trabajadores presentaron acciones de amparo en Río Turbio. La justicia en Santa Cruz va a ser más imparcial; ante la declaración, se apeló, y ahora está todo en Cámara. A raíz del piquete, la jueza local abrió una causa penal por la que fuimos citados, de acuerdo con lo que entendió el fiscal Luis Tomi. Surgió una instancia de diálogo, con una especie de mediación de hecho, y junto con los cesanteados nos fuimos presentando en el juzgado. El interventor no asistió a la mediación, envió a funcionarios de la Intervención. Tratamos la improcedencia de los despidos, y todo derivó en la inasistencia de la representación de YCRT a la última audiencia. Sumado a esto, hubo reclamos administrativos en la empresa, se mandaron notas a los concejos deliberantes y a la Cámara de Diputados para ejercer presión para solucionar esto. Concretamente, un funcionario público debe cumplir con las normas públicas y el procedimiento legal, y uno de los principales errores fue el de no respetar la progresividad: enviar un apercibimiento ante una inasistencia, suspensión ante una segunda inasistencia y así sucesivamente. De un día para el otro, los compañeros recibieron el telegrama de despido. La cesantía ha sido desproporcionada, no obstante, cuando solicitamos documentación para evaluar los casos, la empresa demoró en entregarla. Incluso han sancionado a un agente dos veces por un mismo incumplimiento. Ellos mismos reconocieron los errores, que constan en muchos legajos, pero no hubo reincorporaciones. En definitiva, están priorizando el ajuste, la reducción de personal. El año pasado hubo muchas jubilaciones anticipadas, y en este, promovieron los retiros voluntarios. La situación es grave, y hasta ahora, hemos hecho lo que pudimos. Esperamos que se puedan concretar las reincorporaciones”, especificó el letrado.
La continuidad del plenario estuvo marcada por las exposiciones del dirigente de ATE Nacional Ernesto Contreras, trabajadores despedidos, el diputado nacional Mauricio Gómez Bull y el vicegobernador Pablo González. Alrededor de las 14 horas dio comienzo un debate político-sindical, seguido por el armado de comisiones para la elaboración de un documento y la exposición de las conclusiones. A las 16, Oliva volvió a conducir el evento para cerrar la jornada y para enfatizar los puntos salientes de la misma. (Patagonia Nexo)