Una práctica habitual que atenta en contra del Estado, las instituciones, pero sobre todo las leyes

El término escrache si bien no aparece dentro del Diccionario de la Real Academia Española, pero pertenece al lenguaje coloquial de los argentinos con dos acepciones, “romper, destruir, aplastar” y “fotografiar a una persona”.
Más allá de los conceptos es una práctica que se ha vuelto habitual en muchas comunidades, y Santa Cruz parece no escapar a este uso, pero ello no significa que sea el más apropiado, de hecho el abogado constitucionalista Daniel Sabsay ubicaba su origen en la impunidad y así lo expresaba en un diario de tirada nacional: "Con la impunidad pagan justos y pecadores. Al no haber premios y castigos y no aplicarse la Constitución y el Código Penal, todos son culpables y la sociedad se transforma en una sociedad sin reglas donde se quiere hacer justicia por mano propia."
Además, el constitucionalista sostenía que hay que aplicar la ley tanto sobre los que "equivocadamente quieren ajustar cuentas, como sobre aquellos que deben ser penalizados y objeto de castigo". Entendiendo que “los delitos que pueden cometerse en algunos escraches ya están tipificados”, oponiéndose de esta forma a crear "una figura antiescrache".
España, fue uno de los tantos países que imitó esta práctica y fue Víctor Gómez, profesor titular de Derecho Penal y jefe de estudios de Criminología de la Universidad de Barcelona quien expresó respecto a esta situación que: “La amenaza se da cuando alguien advierte a otro de que se va a atentar contra su interés individual, su vida o su integridad física; y la coacción cuando se atenta contra la capacidad de obrar y se impide hacer lo que se quiere hacer o se obliga a hacer lo que no se quiere".
En definitiva este tipo de práctica con la intención de hacer justicia por mano propia pone en entredicho la existencia misma del Estado, de su función principal –el uso de la coerción para ejercer justicia- de sus instituciones y de sus leyes.


Lunes, 17 de abril de 2017