La mañana se tiñó de frustración para los afiliados de la Caja de Servicios Sociales (CSS). La obra social provincial cerró inesperadamente sus puertas para evitar la presencia de una marcha pacífica de usuarios del CENTA que reclamaban legítimamente el pago de deudas y la regularización de reintegros atrasados.

Cerrar la puerta y mandar a lo virtual
La medida más controversial de las autoridades de la CSS fue la decisión de suspender la atención presencial por completo. En lugar de buscar un esquema de atención alternativo o dialogar con los manifestantes, optaron por colgar un cartel informando que, ante la situación, solo se atendería de manera virtual.

Este blindaje de la institución generó un profundo malestar entre los afiliados, muchos de los cuales requieren gestiones complejas, autorizaciones médicas urgentes, o son personas mayores que dependen de la atención cara a cara. La derivación exclusiva a la vía virtual es vista como una excusa para evadir el conflicto y un obstáculo insalvable para una gran parte de la población de Santa Cruz.

La CSS hace rehenes a miles de afiliados que no tienen responsabilidad alguna en el conflicto de las deudas, negándoles el acceso a la salud por temor a un reclamo pacífico, evidenciando una incapacidad de la gestión para manejar situaciones de protesta sin paralizar completamente el servicio esencial que debe brindar.

El reclamo de los usuarios del CENTA por las deudas es un síntoma de la crisis financiera que atraviesa la obra social. La respuesta de las autoridades de la CSS, al cerrar sus puertas y obligar a la atención virtual, es interpretada como un acto de evasión que solo profundiza la crisis de credibilidad y la falta de respeto hacia sus propios beneficiarios.