En los últimos días, las redes sociales y los portales de noticias se han visto inundados por crónicas de delitos que involucran a menores de edad. Esta repentina "visibilidad" no parece casualidad: ocurre justo cuando en la Argentina se reaviva el debate sobre la Ley Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad. Sin embargo, detrás del clamor por seguridad, asoma una pregunta incómoda que el poder político parece no querer responder: ¿A dónde van a ir esos menores si el sistema carcelario argentino ya está en terapia intensiva?

Argentina ostenta hoy una de las tasas de población carcelaria más altas de la región, con penales que superan ampliamente su capacidad y comisarías transformadas en depósitos humanos. En este contexto, proponer que chicos de 13 o 14 años ingresen al sistema penal sin tener infraestructura adecuada es, como mínimo, una irresponsabilidad logística.

El mayor riesgo de esta ley es la falta de centros de régimen cerrado especializados. Ante la escasez de vacantes en institutos de menores que realmente trabajen en la reinserción, el destino más probable para un adolescente judicializado es una alcaidía o una celda compartida, de hecho o de derecho, con adultos.

Convertir el sistema penal en un "embudo" que arroja a menores a convivir con delincuentes profesionales es garantizar el fracaso. Lo que hoy se discute como una medida de justicia podría terminar siendo el reclutamiento perfecto para las bandas organizadas. Un menor que entra al sistema por un hurto y es alojado en una "escuela de delincuentes" debido al colapso carcelario, saldrá a la sociedad con más herramientas para el daño y menos esperanzas de una vida legal.

El presupuesto, el gran ausente
Resulta paradójico que, en un clima de ajuste fiscal y recortes presupuestarios, se promueva una reforma que requiere una inversión millonaria. Una verdadera ley penal juvenil no se agota en el encierro; exige psicólogos, trabajadores sociales, escuelas dentro de los institutos y talleres de oficio. Sin plata para ladrillos ni para profesionales, la baja de la edad de imputabilidad es solo demagogia punitiva: una respuesta rápida para calmar el enojo social, pero vacía de contenido real.

Una sociedad que castiga, pero no previene
Mientras discutimos si bajamos la edad para meter a un chico en una celda que no existe, seguimos ignorando las causas que lo llevaron ahí. La reincidencia en Argentina es el síntoma de un Estado que llega siempre tarde: no llega con la educación, no llega con el deporte, no llega con la salud mental, pero quiere llegar con el patrullero y la condena a los 13 años.

Si el debate se limita a "adónde los metemos" y no a "cómo los recuperamos", solo estaremos pateando el problema hacia adelante. Si las cárceles están colapsadas y no hay presupuesto para crear centros de rehabilitación dignos, bajar la edad solo servirá para alimentar un sistema que ya no da más, produciendo delincuentes más jóvenes, más endurecidos y más alejados de esa sociedad que hoy, con miedo, pide su encierro.