La paciencia de quienes no tienen tiempo se agotó. Ayer, las puertas de la Caja de Servicios Sociales (CSS) fueron el escenario de una protesta visceral protagonizada por afiliados que padecen enfermedades críticas. Bajo el lema "La salud no espera", los manifestantes expusieron la cruda realidad de vivir en vilo por la falta de drogas oncológicas e inmunosupresores.
Una crisis que golpea en el alma
La movilización no fue un hecho aislado, sino el punto máximo de tensión tras semanas de reclamos silenciosos que no obtuvieron respuesta. El domingo pasado, durante el izamiento dominical, ya se habían hecho presentes para advertir sobre la gravedad de la situación, pero ante la falta de soluciones, decidieron llevar el reclamo directamente a la sede de la obra social.
Los puntos más críticos del reclamo incluyen:
Interrupción de quimioterapias: Pacientes oncológicos denunciaron que la falta de medicación específica anula los meses de avance logrados en sus tratamientos, obligándolos a empezar de cero o ver cómo su cuadro se agrava.
Riesgo de rechazo en trasplantados: La ausencia de medicación inmunosupresora pone en peligro directo el órgano trasplantado, una situación que los afiliados califican como "un abandono de persona institucionalizado".
Emergencia en farmacia: Ante el desabastecimiento, se ha impulsado un proyecto legislativo para declarar la Emergencia en la Provisión de Medicamentos en toda la provincia de Santa Cruz.
La respuesta oficial bajo la lupa
Desde la conducción de la Caja de Servicios Sociales, intentaron calmar las aguas mediante un comunicado donde aseguran que se están "regularizando las gestiones administrativas" para la provisión de medicamentos de alto costo. Sin embargo, para los pacientes que ayer se encadenaron simbólicamente o sostuvieron sus pancartas, los tiempos de la burocracia son incompatibles con la urgencia de sus patologías.
Incluso autoridades de salud han reconocido la validez del reclamo, aunque cuestionaron las formas de visibilización en redes sociales, lo que generó aún más malestar entre los damnificados que sienten que sus vidas están siendo puestas en un segundo plano.
Solidaridad ante la falta de gestión
Un dato que refleja la gravedad del conflicto es que, en los últimos meses, varias familias han tenido que recurrir a colectas públicas y rifas para costear remedios que la obra social debería cubrir por ley, pero que no entrega. La movilización de ayer en Río Gallegos, que tuvo réplicas en localidades como Río Turbio, dejó en claro que los afiliados no abandonarán las calles hasta que la última receta sea entregada.