A tres años de un conflicto sostenido en la cuenca carbonífera, los municipios de la región vuelven a levantar la voz. Con un paro total de 96 horas que afecta de manera paralela a los gremios de ATE y ATSA en 28 de Noviembre y Río Turbio, la medida refleja una desesperación colectiva.

La diputada Lorena Ponce, pasó por Hora 8 que se emite por Radio Urbana 94.1 y explicó los motivos del viaje institucional a Río Gallegos, aclarando que la localidad transita exactamente la misma emergencia que su vecina Río Turbio.

Con un panorama financiero asfixiante donde el único ingreso genuino municipal son las regalías, la caída de la coparticipación se ha transformado en un golpe letal. “Pierdo la coparticipación y no estamos teniendo un acompañamiento de provincia”, sentenció la legisladora, al tiempo que reclamó para su comunidad las mismas condiciones y gestiones preferenciales que el Ejecutivo provincial destina a los municipios alineados a su signo político.

Farmacia Cerca: 70 días de espera
Uno de los puntos más críticos expuestos por Ponce durante la entrevista radial giró en torno a la salud pública y el freno burocrático que sufre la comunidad. Hace más de dos meses, la llegada de la cadena Farmacia Cerca representaba una luz de esperanza para la región, prometiendo la apertura de 13 puestos de trabajo —un alivio fundamental para igual número de familias locales— y garantizando la provisión de medicamentos de alto costo para pacientes con patologías crónicas.

Sin embargo, la realidad chocó contra la inercia estatal: llevan 70 días esperando una habilitación del Ministerio de Salud. Con tono de profunda indignación, Ponce contrastó esta demora con la habitual eficacia de la ministra de Salud, Lorena Ross, ante emergencias sanitarias puntuales, y cuestionó que, a pesar de las gestiones en terreno, la habilitación de un servicio vital para los vecinos de 28 de Noviembre siga trabada. “No es para los políticos, es para los vecinos”, enfatizó.

Educación en terapia intensiva
El colapso estructural también salpicó de lleno al sistema educativo. La diputada recordó su paso por el histórico Colegio Secundario N° 12, una institución próxima a cumplir 50 años que desde hace tres padece fallas crónicas en su caldera y que arrastra un año entero con un sistema de rotación de cursos.

El resultado de esta parálisis es alarmante: los alumnos de quinto año, aquellos que se encuentran en la encrucijada de emigrar para cursar estudios superiores, apenas tienen clases una vez por semana. Para Ponce, este escenario choca de frente con el discurso oficial de una provincia que apuesta a la producción y al desarrollo. Sin embargo, la realidad económica de las familias trabajadoras —agobiadas por sueldos que no alcanzan para cubrir los costos de enviar a un hijo a estudiar fuera de la localidad o de la propia provincia— profundiza la brecha de oportunidades. A esto se suma el déficit crónico de profesionales en el hospital local, limitado casi exclusivamente a médicos generalistas y odontólogos.

El juego de las prioridades
Apuntando directamente al núcleo de la toma de decisiones provinciales, Ponce criticó con dureza el destino que el Gobierno le da a los fondos públicos. Mientras la provincia negocia endeudamientos millonarios sin la debida claridad, la respuesta institucional a los legisladores locales suele ser “mandarlos a estudiar” los proyectos, cuando —según argumentó— es el propio Ejecutivo el que debería asumir la responsabilidad de modificar las leyes que ahogan a las comunas.

En este sentido, la referente peronista enumeró las prioridades elegidas por la administración provincial que marginan a los municipios del interior:

* La ampliación de la estructura del Tribunal Superior de Justicia, absorbiendo presupuestos millonarios.

* El incremento de la planta política, pasando de 2.000 a 4.500 cargos jerárquicos.

* La apuesta exclusiva por las cooperativas como presunta salida laboral para la provincia.

Frente a este modelo, la legisladora recordó que desde la Cámara se han impulsado nueve leyes de emergencia —incluyendo iniciativas de emergencia en salud, herramientas para el desendeudamiento familiar y comercial, y proyectos para frenar los cortes de servicios esenciales de luz y gas a sectores vulnerables—, las cuales, según denunció, duermen en los cajones mientras los vecinos sufren tarifazos y desfinanciamiento.

El costo de gobernar sin rumbo
Hacia el cierre de la entrevista en Hora 8, Ponce confirmó que la agenda de reclamos continuará incesante. Preveía una reunión clave junto a la ministra de Gobierno y la cartera de Trabajo, con el objetivo de destrabar partidas presupuestarias y adelantos financieros que permitan oxigenar los sueldos municipales, los cuales absorben 1.100 millones de pesos mensuales en una masa salarial completamente desbordada.

Convocando a los vecinos a involucrarse activamente en la discusión legislativa y exigiendo a sus pares en la cámara que dejen de levantar la mano por obediencia partidaria sin dar explicaciones a la ciudadanía, la diputada dejó un mensaje contundente sobre la necesidad de replantear el rol del Estado: “Cuando no se tiene rumbo y políticas públicas certeras, pasan estas cosas… Tienen un año todavía para realmente pensar en la gente”.