La Legislatura de Santa Cruz se prepara para saldar una deuda institucional de tres décadas al restituir a Eduardo Sosa en su cargo de Procurador General, del que fue apartado en 1995 por Néstor Kirchner. Si bien el gobernador Claudio Vidal impulsa la medida como un "acto de justicia", el costo para las arcas provinciales es potencialmente enorme: la reincorporación activa automáticamente el reclamo por salarios retroactivos de casi 30 años. Sosa siempre rechazó las indemnizaciones ofrecidas, insistiendo en que la única reparación posible era volver a su puesto, lo que ahora obliga a la provincia a afrontar una factura sin precedentes con intereses actualizados por el largo litigio.

RÍO GALLEGOS, 5 de octubre de 2025 – La inminente restitución de Eduardo Sosa a su cargo como Procurador General de la provincia de Santa Cruz, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, se perfila como un acto de "justicia institucional" con un significativo, aunque todavía incierto, impacto económico para las arcas provinciales.

Fuentes cercanas al proceso judicial y político señalan que el mayor costo financiero provendrá de la deuda salarial retroactiva acumulada durante los casi 30 años que Sosa estuvo apartado de sus funciones. Si bien el monto exacto no ha sido actualizado ni difundido por el gobierno en el marco de la reciente iniciativa legislativa, el pasivo se considera "potencialmente muy alto."

El Factor Retroactivo: 30 Años de Salarios e Intereses
El principal motor del costo es el tiempo transcurrido desde que Sosa fue destituido por el entonces gobernador Néstor Kirchner en 1995.

Al ser reincorporado, Sosa estaría legalmente habilitado para reclamar la totalidad de los salarios y beneficios que dejó de percibir desde su remoción. Dada la constante y elevada inflación de Argentina a lo largo de las últimas tres décadas, la actualización de esta deuda con los intereses correspondientes podría representar una cifra millonaria, constituyendo la principal carga financiera para la provincia.

Sosa: El rechazo histórico a la "mera indemnización"

El proyecto de ley actual busca revertir una "herida histórica" en la institucionalidad santacruceña, y no se trata del primer intento de compensar al funcionario.

En el pasado, Sosa siempre priorizó la restitución del cargo sobre la compensación económica:

2005: El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local dictaminó que la provincia debía pagarle una indemnización por daños y perjuicios, en lugar de reponerlo en su puesto, una decisión que la Corte Suprema invalidó.

Oferta Rechazada: Se ha documentado una oferta posterior de compensación, que incluía una suma de $1.216.182 pesos (cifra registrada en documentos de 2012) además de la jubilación que ya había obtenido como Vocal del STJ.

Sosa rechazó sistemáticamente estas ofertas, argumentando que la única forma de subsanar el "atropello institucional" ordenado por la Corte Suprema era la restitución plena de su cargo.

Debate Centrado en la Institucionalidad

En la antesala del debate legislativo que se espera para este lunes, el gobierno de Claudio Vidal ha mantenido el foco en la reparación institucional. La iniciativa busca finalmente acatar los múltiples fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a lo largo de los años, ordenaron sin éxito la reincorporación de Sosa.

"El atropello institucional... no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado," señalan los fundamentos del proyecto, dejando en claro que, por ahora, el principal debate es político y judicial, más allá de la inevitable cuenta económica que Santa Cruz deberá afrontar.(iMAGEN LA NACION)

Domingo, 5 de octubre de 2025