El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Santa Cruz emitió un duro comunicado de "preocupación y rechazo" a un proyecto de ley en la Legislatura provincial que busca reponer al Dr. Eduardo Sosa como Procurador General y reorganizar las funciones del MPF. La institución advierte que la iniciativa, presentada como "reparación histórica", amenaza la autonomía funcional, compromete la imparcialidad de la acción penal y constituye un "retroceso" en la separación de poderes al centralizar decisiones bajo criterios políticos.

(Río Gallegos, Santa Cruz). El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Santa Cruz emitió un enérgico comunicado manifestando su "preocupación y rechazo" a un reciente proyecto de ley presentado ante la Legislatura provincial. La iniciativa busca reponer al Dr. Eduardo Sosa como Procurador General del Tribunal Superior de Justicia y, a la vez, reorganizar las funciones del propio Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

El comunicado, avalado por los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales y de Política Criminal, subraya que, si bien el proyecto se presenta como un acto de "reparación histórica" y restablecimiento de mandatos, su implementación acarrea "riesgos institucionales significativos".

Riesgos para la Independencia Judicial
La principal objeción radica en que la propuesta podría "afectar la autonomía funcional, comprometer la imparcialidad de la acción penal pública y debilitar la confianza ciudadana en la justicia".

Los funcionarios del MPF enfatizan que la modificación propuesta establece al Procurador General como Jefe de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, centralizando decisiones y reubicando funciones. A su juicio, cualquier cambio que "limite independencia o centralice decisiones bajo criterios políticos constituye un retroceso" respecto al principio de separación de poderes y la estructura tripartita consolidada en la reforma constitucional de 1994.

Un Llamamiento a la Responsabilidad Legislativa
El Ministerio Público Fiscal y los Consejos reiteran que su postura "no es un reclamo corporativo, sino un compromiso con la Constitución, la independencia judicial y la ciudadanía".

Por ello, han exhortado a los legisladores de Santa Cruz a evaluar el proyecto "con responsabilidad institucional". El llamado es claro: se debe garantizar el respeto a la independencia del Ministerio Público Fiscal, la estabilidad de sus autoridades y los principios fundamentales del sistema acusatorio.

El documento concluye con una firme declaración institucional: "Defender la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la independencia judicial es defender la República y la Constitución."

El comunicado fue rubricado por catorce fiscales de diversas circunscripciones judiciales de la provincia, incluyendo fiscales ante Cámaras de Apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Primera Instancia de localidades como Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Puerto Santa Cruz, y Río Turbio.

Domingo, 5 de octubre de 2025