La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz (AMFJ) emitió un documento oficial para fijar postura ante lo que calificaron como "confusos dichos" vertidos por funcionarios del Poder Ejecutivo santacruceño respecto al presupuesto y los salarios del sector.

Salarios y pauta federal
La Asociación fue tajante al desmentir que los incrementos en los haberes de jueces y funcionarios sean decisiones arbitrarias o unilaterales del Tribunal Superior de Justicia. Según explicaron, el sistema salarial responde a parámetros objetivos fijados en el acta paritaria nro. 31 del año 2009.

Este mecanismo vincula los haberes locales con las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bajo este esquema:

El sueldo básico de referencia es el de un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, el cual derrama proporcionalmente en todos los escalafones judiciales. Este criterio de legalidad se aplica de forma ininterrumpida desde hace 17 años.

Mostrar estos incrementos como "privilegios aislados" es considerado por la Magistratura como una "distorsión del régimen legal vigente".

Independencia y división de poderes
El comunicado enfatiza que la independencia judicial no es una "prerrogativa sectorial", sino una garantía para la protección de los derechos de la ciudadanía. En este sentido, señalaron que dicha independencia debe verse reflejada necesariamente en lo económico y en la previsibilidad presupuestaria.

La AMFJ acusó al Poder Ejecutivo de intentar desviar la atención de los problemas estructurales de la provincia. "La atribución pública de responsabilidades al Poder Judicial por decisiones y gestiones que corresponden al Poder Ejecutivo no solo es inexacta, sino que erosiona la confianza institucional", sentenciaron.

"Honestidad discursiva"
Hacia el final del documento, la Comisión Directiva de la Asociación exigió a los funcionarios públicos "precisión, responsabilidad y honestidad discursiva" al momento de referirse al financiamiento de la Justicia. Advirtieron que cualquier afectación al presupuesto, ya sea mediante incumplimientos o desinformación, repercute directamente en la vigencia del Estado de Derecho.

El texto ratifica el compromiso de la Asociación con la transparencia y la defensa de los derechos laborales de todos los integrantes del Poder Judicial Santacruceño, en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado.