En medio del creciente escándalo por presunta corrupción en la licitación del servicio de telemedicina, la Ministra Ross rompió el silencio. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, sus declaraciones encendieron nuevas alarmas. La funcionaria afirmó que "hay que estar tranquilos" y aseguró que aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos técnicos y legales "no serán tenidas en cuenta".

A pesar del intento oficial por normalizar la situación, el cuestionamiento central no reside en la selección final, sino en cómo ciertos oferentes lograron sortear los controles primarios del Estado.

El filtro que falló: El Registro Único de Proveedores
Para que cualquier firma pueda presentarse a una licitación pública, debe estar previamente inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado. Es este organismo el encargado de realizar el control de legalidad de toda la documentación presentada por las empresas.

Dentro de los requisitos excluyentes figura la acreditación de la ausencia de incompatibilidades. Es aquí donde el caso toma un cariz delictivo: el ex secretario Varela se encontraba en una situación de incompatibilidad directa, establecida por las Leyes Provinciales 3.034 y 3.325.

Interrogantes que la Justicia deberá responder
La participación de Varela en el proceso licitatorio abre un abanico de sospechas sobre el funcionamiento de los organismos de control:

¿Existió falsificación? Se investiga si Varela fraguó documentación para ocultar su situación.

Declaración Jurada: ¿Mintió el ex funcionario al momento de presentar su declaración de bienes e intereses?

¿Complicidad interna? La pregunta más inquietante es si, aun conociendo la incompatibilidad, alguien dentro del Registro de Proveedores autorizó su inscripción de forma deliberada.

En cualquiera de estos escenarios, la conclusión es la misma: se habrían cometido uno o varios delitos de acción pública.

"No aclare que oscurece"
La respuesta de la Ministra Ross ha sido calificada por diversos sectores como insuficiente y evasiva. Al limitar la responsabilidad del Ministerio a la "evaluación de ofertas", se omite la grave falla (o connivencia) en la etapa de admisión de proveedores. En política, cuando las explicaciones no coinciden con la gravedad de los hechos, solo contribuyen a oscurecer un panorama que ya huele a impunidad.