Lo que debía ser una jornada centrada exclusivamente en el éxito de un operativo contra la pedofilia internacional, terminó sumando un nuevo capítulo de tensión institucional. El Ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, volvió a quedar en el centro de las críticas tras ingresar personalmente a los domicilios que estaban siendo allanados por la Policía de Santa Cruz.

Una conducta recurrente
No es la primera vez que Prodromos decide cruzar la línea del deber administrativo para involucrarse en el terreno operativo. Desde que asumió el cargo, ha mantenido una conducta constante de presencia física dentro de las escenas de procedimientos judiciales, algo que ha generado malestar en la propia fuerza.

Fuentes consultadas recordaron que el cargo de Ministro es de carácter político y administrativo. Al no contar con estado policial, Prodromos no tiene facultades legales para participar activamente de un allanamiento ni para ingresar a una vivienda mientras se recolectan pruebas, una acción que incluso podría poner en riesgo la cadena de custodia o la legalidad de las diligencias.

Protagonismo en causas ajenas
El malestar radica en que, mientras los efectivos de Cibercrimen y Trata de Personas realizaban el complejo trabajo de identificar material de abuso sexual infantil tras meses de investigación internacional, el Ministro se hizo presente buscando una visibilidad que, para muchos, roza el oportunismo político.

"Es una causa que él no investigó y un trabajo técnico de la policía y la justicia internacional. Su presencia adentro de las casas no suma operativamente y solo parece buscar protagonismo mediático en temas de alta sensibilidad social", señalaron voces críticas del operativo.

El límite de las funciones
La ley es clara respecto a quiénes pueden estar presentes en un registro domiciliario ordenado por un juez. La recurrencia de estas intervenciones por parte del titular de la cartera de Seguridad abre el interrogante sobre hasta dónde llega la gestión política y dónde comienza la interferencia en la labor judicial.

En un operativo de la magnitud de "Aliados por la Infancia VI", donde el rigor procesal es fundamental para que los culpables no logren impugnar las pruebas, la presencia de funcionarios políticos dentro de los allanamientos es vista como una "desprolijidad" que Santa Cruz parece haber normalizado bajo la actual gestión.