CRÓNICA
Domingo, 28 de junio de 2026
La noche en que la "familia policial" sitió con carpas la Casa de Gobierno de Santa Cruz
La tensión se cocinaba a fuego lento, pero la paciencia terminó de romperse a mediados de la semana pasada. Tras cuatro meses de idas y vueltas, de promesas desgastadas y un bolsillo que ya no resistía más, la policía de la provincia de Santa Cruz —en una alianza histórica entre activos, retirados y pensionados— decidió que el asfalto frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos se convertiría en su nuevo hogar temporal.
Todo se desencadenó tras el fracaso de lo que ya era la undécima propuesta salarial por parte del Ejecutivo provincial. El ambiente en la mesa técnica del Consejo del Salario venía espeso, pero el detonante final ocurrió afuera, en la calle, y se consolidó entrada la noche.

El detonante: bombos, asambleas y el olor a lona
Mientras los delegados discutían a puertas cerradas, el cordón de la vereda empezó a poblarse. "El personal de retirados se acercó primero a tocar el bombo frente a Gobierno mientras estábamos adentro", recordaba días atrás Víctor Cortés, uno de los referentes visibles de la protesta y la cara de los autoconvocados en la mesa de negociación.

Cuando los representantes salieron con los papeles en la mano, el veredicto de las bases fue unánime: insuficiente. La propuesta estatal ofrecía una parte en blanco, pero el neto estiraba el sueldo de un agente a duras penas hasta los 1.500.000 pesos. En la Santa Cruz del frío y los precios patagónicos, esa cifra fue leída como un insulto. "No llega a cubrir ni la canasta básica", masticaban con bronca en los pasillos improvisados de la protesta. Las bases exigían llevar el sueldo básico a 2.200.000 pesos (con un valor punto de 4.400 pesos) y que todo fuera estrictamente en blanco para no dejar morir los ingresos de los jubilados y pensionados de la fuerza.

La respuesta no se hizo esperar. Lo que comenzó como una manifestación ruidosa se transformó, en cuestión de horas, en un campamento organizado. Columnas de efectivos en actividad, rompiendo filas bajo una rígida cohesión, comenzaron a armar carpas canadienses e iglús una al lado de la otra sobre la vereda gubernamental. El frío de junio calaba los huesos, pero el calor lo ponía una postal pocas veces vista en la capital: la fisonomía del reclamo mutó de un conflicto corporativo a un evento social. Esposas, hijos pequeños y abuelos abrigados hasta la nariz compartían el mate y el fuego. La mítica "familia policial" había dejado de ser un eslogan institucional para volverse una realidad de resistencia.

Negociaciones a la medianoche y la sombra del "apriete"
Con las carpas ya montadas y la fisonomía del centro de Río Gallegos alterada, el Gobierno intentó desactivar la bomba antes del amanecer. Pasadas las horas pico, los referentes recibieron un llamado de urgencia del secretario de Trabajo de la provincia, Javier Aravena. La cita fue tensa y directa.

Aravena les puso una condición sobre la mesa para seguir dialogando: debían levantar el acampe de inmediato. Sin embargo, la estrategia de la presión verticalista chocó contra la horizontalidad de un movimiento autoconvocado.

"Se les dejó en claro que eso no lo decidimos nosotros, lo decide la gente en asamblea", relató Cortés sobre el tenso cruce nocturno. "El Gobierno piensa que nosotros manejamos todo desde arriba y no es así; nosotros solo somos la cara visible".

Durante ese encuentro a puertas cerradas, los funcionarios jugaron sus últimas cartas institucionales: les recordaron que al no ser un gremio formal no estaban bajo el ala de una "paritaria" sino de una "mesa de negociación", y lanzaron la advertencia de comenzar a descontar los días de protesta. La amenaza, lejos de sembrar el miedo, funcionó como combustible para el fuego de los tachos en la calle. Al transmitir el mensaje a las familias que tiritaban en las carpas, el rechazo se endureció. El "apriete" estatal terminó abroquelando aún más a los uniformados.

El saldo de una semana álgida
"Jamás vi una unidad como la que tiene hoy el personal policial", reflexionaba Cortés al hacer el balance de esas jornadas que marcaron un antes y un después desde que el conflicto germinara aquel lejano 8 de febrero. Para los manifestantes, cada intento de amedrentamiento oficial terminó actuando como un aglutinante.

La semana pasada cerró con las lonas firmes frente a las ventanas del poder político, los braseros encendidos y una vigilia que combinó la disciplina policial con el aguante vecinal. Tras los días más duros del acampe, la tregua quedó fijada en el calendario para este próximo martes a las 11:00 de la mañana, cuando vuelvan a sentarse en la quinta mesa técnica. Mientras tanto, el mensaje de la calle quedó flotando en el aire helado de Gallegos: la dignidad no se descuenta.
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