La Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Santa Cruz emitió un duro y extenso documento público en el que expone la profunda crisis estructural que atraviesan las distintas dependencias judiciales de la provincia. La declaración institucional surge como respuesta directo a la difusión pública de datos y auditorías de gestión que, según denuncian, son presentados de forma "parcial, selectiva y descontextualizada" con el único fin de instalar un señalamiento público injusto sobre los trabajadores del sector.

Desde la organización afirmaron comprender la preocupación de la ciudadanía frente a las demoras en el servicio de justicia, remarcando que esa inquietud también es propia, especialmente en fueros tan sensibles como Familia, Civil y Laboral. Sin embargo, enfatizaron que el servicio "no se mejora mediante operaciones de exposición pública" ni construyendo culpabilidades individuales sobre quienes sostienen el sistema en condiciones "objetivamente deficitarias".

Medidas de fuerza, licencias e insuficiencia de recursos
El texto describe un panorama crítico en el día a día de los tribunales santacruceños. En primer término, se señala el fuerte impacto de las medidas de fuerza que se vienen desarrollando desde principios de este año, lo cual generó una disminución sustancial del personal disponible para las tareas cotidianas.

A esto se le suma una ola de licencias médicas prolongadas, muchas de ellas vinculadas a patologías agravadas por el estrés y las propias condiciones laborales. "La actividad cotidiana es sostenida por magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y agentes que continúan prestando tareas con los recursos humanos actualmente disponibles, asumiendo una carga laboral extraordinaria que excede ampliamente la capacidad operativa existente", reza el comunicado.

Colapso edilicio, tecnológico y presupuestario
La Asociación detalló fallas materiales severas en el funcionamiento del sistema:

Infraestructura deficiente: Existen espacios físicos insuficientes o inadecuados para el volumen de trabajo actual, lo que afecta la atención al público y vulnera los ámbitos de reserva y privacidad necesarios.

Brecha digital: Los recursos informáticos resultan escasos o tecnológicamente desactualizados frente a la alta exigencia del expediente digital. Al habilitarse la presentación de escritos las 24 horas del día, el flujo de peticiones se incrementó significativamente sin el correspondiente soporte técnico y humano.

Ajuste presupuestario: Denunciaron una "significativa reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Poder Judicial en los últimos años", impactando directamente en la imposibilidad de renovar equipamiento o mejorar estructuras.

El problema de los cargos vacantes
Uno de los puntos más álgidos del descargo apunta a la existencia de numerosos cargos jurisdiccionales vacantes desde hace años en distintas circunscripciones. La entidad recordó que la cobertura de estas vacantes no depende de los juzgados sobrecargados, sino que es una competencia exclusiva de los órganos constitucionales encargados de la selección y designación.

Por tal motivo, tildaron de "inadmisible" que las consecuencias de la falta de designaciones oportunas sean trasladadas públicamente a los funcionarios que deben absorber el trabajo acumulado.

Defensa de la independencia judicial
Hacia el cierre, la declaración subraya que la independencia judicial es una garantía para la ciudadanía y no un privilegio del sector. Advirtieron que dicha independencia se resiente cuando se instala un clima de constante sospecha, exposición o presión sobre quienes deben decidir conforme a derecho.

"La Asociación rechaza toda utilización sesgada de información administrativa o de superintendencia que tenga por efecto desacreditar públicamente a integrantes del Poder Judicial, debilitar su autoridad funcional o desplazar hacia personas concretas responsabilidades que corresponden a problemas estructurales", concluye el documento.