El contraste no podría ser más nítido ni más contradictorio en los pasillos del poder provincial. Para mostrar una puesta en escena de diálogo, cercanía y escucha atenta, el gobernador Claudio Vidal prefirió recorrer miles de kilómetros hacia el interior de Santa Cruz, lejos del calor del reclamo capitalino. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego institucional de su gestión no está en los parajes rurales donde reparte insumos, sino a metros de la mesa de entrada de Casa de Gobierno en Río Gallegos.

Allí, sobre la helada vereda de la capital provincial, se sostiene la protesta de los retirados y pensionados de la fuerza. Hombres y mujeres que dedicaron su vida a la seguridad de la provincia y que hoy solo exigen lo que les corresponde: el pago de un aumento salarial digno que no quede pulverizado por la inflación y que contemple los haberes reales, en lugar del esquema dispuesto por decreto.

El desprecio al servicio cumplido
La paradoja del discurso oficial salta a la vista. Mientras Vidal se emociona ante las cámaras en el interior al descubrir las falencias operativas de las comisarias, a las puertas de la Gobernación la respuesta del Ejecutivo para con los retirados de la fuerza no ha sido el diálogo directo ni el mate compartido, sino el recurso de la fuerza pública y las notificaciones judiciales expedidas a través de la Fiscalía de Estado.

En lugar de abrir una mesa paritaria sincera y escuchar a quienes caminaron las calles durante décadas, la gestión provincial optó por judicializar la protesta. Mediante una orden de desalojo e intimaciones en la vía pública, se obligó a los retirados a desplazar su acampe, tratándolos con la rigurosidad de un conflicto legal en vez de otorgarles la dignidad del debate político.

Detrás del repliegue oficial subyace una mirada utilitaria y descalificadora sobre la clase pasiva. Al considerar implícitamente a los retirados como sectores «improductivos» dentro del esquema presupuestario, el Gobierno parece olvidar que el retiro policial no es un privilegio ni una concesión, sino el derecho conquistado tras años de servicio riguroso.

El espejo del tiempo
¿Acaso la actual conducción provincial cree que la vejez y el retiro son una condición ajena al curso inevitable de la vida? La falta de empatía hacia los efectivos en retiro no solo expone un sesgo autoritario en la resolución de los conflictos laborales, sino también una profunda miopía política.

Para el gobernador fue más sencillo subirse a un vehículo y recorrer la provincia buscando la foto del gesto benévolo en el interior que cruzar la calle en Río Gallegos para estrechar la mano de los policías retirados. A metros del despacho principal no hicieron falta estufas a leña ni puestas en escena: bastaba con voluntad política, escucha activa y el reconocimiento efectivo de sus haberes. Mientras el diálogo sea un show itinerante que se suspende al llegar a la capital, el reclamo de los retirados continuará siendo el espejo incómodo donde la gestión provincial se niega a mirarse.