La firma del Decreto N° 0660/26 no solo marcó el fin formal de las negociaciones en el Consejo del Salario Policial, sino que dejó expuesta la principal falencia de la gestión provincial: la incapacidad de construir consensos en momentos de alta tensión social. Ante la falta de acuerdo con los representantes de las fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo optó por la vía más corta y autoritaria: la imposición unilateral de una pauta salarial y la clausura anticipada de la mesa de debate.

Deslegitimar el reclamo
Lejos de asumir el costo político de una paritaria fallida, la estrategia del Ejecutivo consistió en apuntar contra la representación de los trabajadores. Desde las esferas gubernamentales se acusó severamente a los referentes del Consejo del Salario de sostener una postura "desmedida e irrazonable", señalando que las pretensiones de la mesa buscaban únicamente elevar el haber de un agente recién ingresado a cifras insostenibles para las arcas provinciales.

Bajo ese argumento, el discurso oficial pretendió trasladar la responsabilidad del estancamiento a los propios policías, sugiriendo que la exigencia de un piso salarial digno para quien recién se incorpora a la fuerza ponía en riesgo el equilibrio financiero de la provincia. Sin embargo, la maniobra dejó al descubierto una seria limitación de la gestión: la sustitución de la negociación política por la estigmatización del reclamo.

De la mesa de diálogo al "decretazo"
El paso de las rees paritarias a la redacción del decreto evidencia el agotamiento prematuro de las herramientas diplomáticas del Gobierno. Al no lograr inclinar la balanza a su favor ni convencer a los vocales de la fuerza sobre la conveniencia de la oferta, el Ejecutivo recurrió a la firma del Vicegobernador a cargo del Despacho para sellar el aumento por acto administrativo.

Esta decisión no solo anula el espíritu con el que fue creado el Consejo del Salario, sino que profundiza el malestar en las bases operativas. Al eliminar de un plumaje seis suplementos vinculados al riesgo, la especificidad y la tarea operativa en el territorio —para reemplazar con montos fijos y un presentismo severo—, el Gobierno envió un mensaje contundente: quien no acepta las condiciones del Estado, las recibe por imposición.

Un conflicto no resuelto, sino aplazado
Lejos de calmar las aguas, la oficialización del Decreto N° 0660/26 instala una peligrosa calma chicha. La incapacidad para encontrar un punto medio con los representantes de la fuerza deja abierto un escenario de descontento latente dentro de la institución policial.

Cerrar el diálogo señalando con el dedo a quienes defienden el sueldo del eslabón más bajo de la jerarquía (el agente ingresante) puede resolver la liquidación del mes en los papeles, pero confirma la fragilidad de un Gobierno que prefiere el monólogo del boletín oficial antes que la complejidad del acuerdo social.