La firma de la Resolución Ministerial N° 342 (Expediente MS-Nº 782.131/26) redactada en los pasillos del Ministerio de Seguridad no solo cerró intempestivamente la vía del diálogo institucional tras el fracaso del Consejo del Salario, sino que dejó al descubierto un alarmante desconocimiento sobre la estructura salarial y la técnica administrativa de las fuerzas de seguridad.

Bajo el argumento de "garantizar la continuidad del servicio" y cerrar un conflicto que quemaba en las calles, el Gobierno optó por la salida más fácil y técnicamente defectuosa: imponer un "decretazo" que rompe la lógica escalafonaria de la fuerza de seguridad provincial.

Un General "vale" lo mismo que un Cabo
El error más evidente de la resolución radica en la creación del denominado "Adicional Compensador". En un intento desesperado por volcar fondos a la base sin entender la arquitectura del salario policial, el Estado dispuso un monto de $430.000,00 para casi la totalidad del escalafón: desde un Cabo Primero hasta un Comisario General percibirán exactamente la misma cifra.

Esta "solución" engendró una aberración técnica: el achatamiento absoluto de la pirámide salarial.
Al otorgarle el mismo importe fijo a quien recién inicia la carrera de oficial de mando que a quien conduce operativamente a miles de hombres y asume la responsabilidad penal del servicio, el Gobierno destruyó el incentivo del mérito, la jerarquía y la responsabilidad del cargo.

La única excepción es la figura del Agente inicial ($640.000), una maniobra efectista para elevar el piso publicitario del "ingreso de bolsillo", pero que desarticula cualquier proporción con las jerarquías inmediatas superiores.

Montos "en negro" y el abandono a los retirados
La ignorancia sobre la dinámica previsional es el segundo pilar de este decreto. Al definir el Adicional Compensador como no bonificable y el Adicional por Cumplimiento Efectivo como no remunerativo y no bonificable, la gestión gubernamental asestó un golpe de gracia a la Caja de Previsión Social.

Estas abultadas sumas fijas "en negro" no impactan en la movilidad jubilatoria. El Ejecutivo pareció olvidar que el personal retirado y los pensionados formaron parte de la misma institución y que, por ley, sus haberes se actualizan según las variaciones del personal en actividad. Con esta formulación, los centros de retirados quedan relegados al olvido, cobrando haberes desfasados de la realidad económica patagónica.

Un presentismo encubierto
Por si fuera poco, el Artículo 8° apela al condicionamiento directo bajo la figura de "Cumplimiento Efectivo del Servicio". Mas que una pauta de eficiencia, la medida funciona como una cláusula de extorsión salarial: cualquier baja médica, licencia legal o encuadre de protesta implicará el descuento automático de esta suma, cercenando derechos básicos de los trabajadores uniformados.

Diagnóstico de un parche institucional
Más allá de los porcentajes y las ofertas acumuladas durante siete rees fallidas, el expediente demuestra un diagnóstico improvisado. En lugar de sanear el Valor Punto —único mecanismo transparente y equitativo para escalar el sueldo básico de toda la fuerza—, el Ministerio prefirió abarrotar el recibo de sueldo con "parches" remunerativos y no remunerativos que encubren la incapacidad técnica de formular una política salarial de fondo.

El resultado está a la vista: un decreto firmado a espaldas del personal que no calma el conflicto social, destruye la carrera policial y deja al descubierto a un gabinete que, a la hora de liquidar sueldos, actuó con absoluto desconocimiento de la ley y de la propia tropa que pretende mandar.