La crisis de la infraestructura escolar en la provincia de Santa Cruz alcanzó un punto de máxima tensión institucional y judicial. Nahir Castillo, Vocal en representación de los Padres ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), radicó una denuncia penal y de tutela de derechos ante la Defensora General ante el Tribunal Superior de Justicia, Dr. Romina Vanessa Saul. La acción legal apunta de manera directa contra la Presidencia del CPE y el Poder Ejecutivo Provincial encabezado por el Gobernador Claudio Vidal, denunciando la "vulneración pública y sistemática del derecho a la educación e integridad física" de miles de niños, niñas y adolescentes santacruceños.

El escrito judicial de cinco páginas expone un cuadro alarmante de abandono edilicio, fallas graves en los servicios de gas y luz, y una inacción gubernamental sostenida tras haber agotado sin éxito todas las vías administrativas previas.

Un mapa de abandono
El documento presentado ante el Máximo Tribunal de la provincia traza un cuadro pormenorizado del estado edilicio en diversos establecimientos educativos de Río Gallegos y el interior provincial, tildando de "paliativo improvisado" la implementación del esquema de "rotación de cursos", mediante el cual las familias son notificadas el mismo día a las 07:00 AM sobre suspensiones o ingresos diferidos.

Puntos de riesgo extremo reportados:
• EPP N° 58 (Río Gallegos): Tras una inspección de Camuzzi Gas del Sur, se habría constatado una fuga de gas en la caldera con un plazo de 60 días para regularizar que no obtuvo respuesta oficial. El informe advierte que se oculta la prueba del acta mientras los alumnos continúan asistiendo al establecimiento. Su gimnasio lleva un año clausurado por tener cuatro calderas rotas.

• Colegio Secundario N° 7 "Dr. Julio Ladvocat" y EPP N° 70: Actividades severamente interrumpidas por fallas crónicas en la calefacción, deficiencias de gas y colapso de la red eléctrica. La respuesta informal oficial alude a "baja presión", pero no hay registros de intervención técnica especializada.

• Industrial N° 4 "José Menéndez": Clases reiteradamente suspendidas por problemas críticos en la instalación de agua potable.

• Secundario N° 10 y Hangar del Industrial N° 6: Falta persistente de calefacción que obliga a los estudiantes a cursar expuestos al frío extremo de la Patagonia.

El colapso se extiende a Caleta Olivia
La denuncia remarca que la situación no se limita a la capital provincial, sino que afecta de manera crítica al norte de Santa Cruz. En Caleta Olivia, una amplia red de instituciones presenta suspensiones y esquemas de rotación por falta de servicios esenciales.

54 días sin clases, silencio oficial
La escalada judicial es el corolario de meses de reclamos desatendidos. Según consta en el expediente, la Vocalía por los Padres envió notas formales al Gobernador Claudio Vidal el 18 de junio y el 29 de julio de 2026, exigiendo la fijación de una audiencia urgente y advirtiendo sobre el “daño pedagógico y psicosocial irreversible” provocado por la acumulación de 54 días sin clases debido al conflicto laboral e infraestructura defectuosa.

«Cuando quienes conducen la educación pierden la capacidad de escuchar, el sistema entero se resiente… La privación prolongada de educación presencial en condiciones dignas genera pérdida de aprendizajes esenciales, impacto emocional y riesgo de desvinculación educativa», argumentó Castillo en sus misivas al Ejecutivo.

Asimismo, la denuncia saca a la luz un escenario represivo dentro del sistema educativo, al señalar que la Vocal ha sido tratada como una “minoría sin voz” y alertar sobre “presiones y amenazas implícitas hacia el personal directivo y docente para evitar que informen las fallas edilicias o permitan tomar fotografías de las instalaciones”.

Las medidas urgentes solicitadas a la Justicia
Invocando el Interés Superior del Niño (art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño), los artículos 14 y 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, y la Ley Nacional N° 26.061, la presentación exige a la Defensoría General la adopción inmediata de las siguientes acciones:
Constatación física e inspección técnica urgente: Ordenar la verificación técnica en el Colegio N° 7 “Dr. Julio Ladvocat” y en la totalidad de los establecimientos denunciados para certificar la seguridad de las redes de gas, electricidad y calefacción.

Requerimiento de informes bajo apercibimiento: Exigir al CPE el plan de mantenimiento ejecutado y presupuestado; e intimando a Camuzzi Gas del Sur S.A. y SPSE a presentar las órdenes de servicio e inspecciones realizadas en el último año.

Protección a la comunidad educativa: Disponer medidas de resguardo y entrevistas personales con directivos y gremios docentes para garantizar que no sufran represalias por visibilizar el estado real de las escuelas.

Promoción de acciones penales: En caso de que las inspecciones constaten delitos de acción pública por omisión o negligencia, se instruya formalmente la denuncia penal contra los funcionarios públicos responsables.

Con este giro judicial, la crisis en la educación santacruceña traspasa los pasillos administrativos y coloca a las autoridades del Consejo Provincial de Educación y al Poder Ejecutivo bajo el estricto escrutinio de la Justicia.