En diálogo con el programa La Otra Mirada por Radio Urbana 94.1, el exdiputado provincial y actual concejal Martín Chávez analizó el trasfondo jurídico e institucional de la medida impulsada por el gobernador Claudio Vidal, advirtiendo sobre los riesgos de deslegitimar los fallos futuros de la Cámara Penal.

Inviabilidad jurídica y la caída del concurso
Chávez fue categórico al señalar que el Poder Ejecutivo no posee la facultad constitucional de insistir con un pliego que ya fue desechado por la Legislatura, puesto que dicha acción extingue automáticamente la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura.

"El concurso que realiza el Consejo de la Magistratura tiene por objeto realizar un proceso de selección de una terna que es sometida a consideración del Poder Ejecutivo, quien elige entre tres postulantes a una persona para solicitar el acuerdo a la Legislatura. Lo que corresponde jurídicamente es la realización de un nuevo concurso. El término terna refiere a tres y, al haber sido rechazado el pliego por el Poder Legislativo, el trámite ha sido desechado. No existe la posibilidad de que el Ejecutivo insista porque la terna ya no existe."

El edil precisó que el camino institucional adecuado era haber notificado el rechazo al Consejo de la Magistratura para dar inicio a un nuevo llamado a concurso público de antecedentes y oposición.

"Desprecio por el sistema institucional" y sospechas de presiones
Al evaluar las motivaciones políticas detrás de la reiteración del pliego, Chávez cuestionó con dureza el estilo de gestión del mandatario provincial, acusándolo de actuar con dinámicas autoritarias y al margen del marco legal normativo.

"Esto tiene que ver con un desprecio absoluto por el sistema jurídico e institucional; tiene que ver con una postura de patrón de estancia, aunque ni siquiera un patrón de estancia tiene la facultad de despreciar el sistema jurídico. Las reglas están hechas para cumplirse. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo nos tiene acostumbrados a este tipo de noticias, pero ni la ciudadanía ni la democracia deben acostumbrarse al desprecio por las instituciones."

Asimismo, advirtió sobre la incómoda posición en la que queda expuesto el propio magistrado propuesto y deslizó sospechas sobre eventuales presiones hacia los diputados que anteriormente votaron en contra.

"Vulnerar el sistema jurídico para designar a un magistrado de Cámara Penal es un hecho de gravedad institucional absoluta que deslegitima y vicia de ilegalidad la designación. Esperemos que los legisladores no se dejen amedrentar ni amenazar. Uno tiende a sospechar que han sido víctimas de persecución para cambiar su voto; esperemos que actúen conforme a su leal saber y entender y rechacen algo que ni siquiera tendría que tener tratamiento parlamentario."

Un contexto de deterioro democrático
Finalmente, el exdiputado vinculó la controversia de la designación judicial con otros episodios recientes que evidencian una preocupante degradación del clima político e institucional en la provincia de Santa Cruz.

"Así como los fallos del Tribunal Superior de Justicia hoy se encuentran viciados de legitimidad puesto que su integración se hizo en violación al reglamento interno de la Legislatura, en este caso sucedería lo mismo. Hoy en Santa Cruz se comete espionaje ilegal contra el propio jefe de Gabinete y en el Concejo Deliberante se dan hechos de violencia. Cuestiones que no corresponden suceden en nuestra provincia, se vulneran derechos constitucionales y es algo a lo que no debemos acostumbrarnos."