Hay silencios que se vuelven insoportables en el cuerpo. Para Tiara, los últimos dos meses no han sido solo la interrupción abrupta de la risa de su bebé de cuatro meses, sino el dolor físico de la lactancia cortada a la fuerza y la angustia de unos brazos despojados sin que nadie le haya entregado un solo documento formal que explique por qué.

El 28 de julio la rutina de su vida en Caleta Olivia se quebró sin previo aviso. Agentes del Área de Niñez municipal ejecutaron una medida excepcional y le quitaron a su hijo lactante. No hubo una notificación formal previa, ni la entrega de un acto administrativo firmado donde se detallara la supuesta vulneración de derechos que justificara semejante despojo. Lo que por ley debió ser un dispositivo estatal orientado a proteger y fortalecer al núcleo familiar se transformó, desde el primer minuto, en un laberinto de amedrentamiento donde la falta de recursos económicos fue tratada directamente como una falta grave.

El procedimiento estuvo viciado de arbitrariedades desde el inicio. A Tiara la llevaron de manera compulsiva al hospital local para someterla a análisis toxicológicos, una práctica que la querella denuncia como un patrón sistemático de amedrentamiento hacia las jóvenes de la localidad, aun sin la existencia de denuncias por consumo problemático. Los análisis dieron resultado negativo, pero la respuesta de las autoridades no fue la restitución del lactante, sino la imposición verbal de condiciones inalcanzables.

En diálogo con La Otra Mirada -por Radio Urbana 94.1 FM- la abogada Pamela Pérez expuso la gravedad de las exigencias informales que el organismo le impuso a la joven: "Notamos que desde la Oficina de Niñez hay una exigencia sistemática hacia las madres de tener una vivienda propia o un trabajo formal en blanco para devolverles a sus hijos. Eso es derechamente criminalizar la pobreza. El Estado no puede exigir esos requisitos para validar la idoneidad de la crianza, y la propia Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe explícitamente tomar medidas excepcionales fundadas en la falta de recursos económicos".

La respuesta ante la exigencia y el adoctrinamiento estatal
Frente a la arbitrariedad, Tiara decidió responder con hechos. En pocas semanas reorganizó su vida para cumplir con cada una de las pautas que le fijaron: rindió las materias adeudadas para terminar el colegio secundario, comenzó cursos de capacitación laboral, inició un tratamiento psicológico abonado con sus propios recursos y, en medio de un contexto económico asfixiante, logró alquilar un departamento para armar un hogar independiente. Hasta ese momento vivía con su madre y su abuela, una red de contención familiar que el organismo estatal prefirió ignorar.

El 26 de septiembre venció el plazo legal de la medida excepcional. Tiara acudió a la sede de Niñez con la ilusión de recuperar a su bebé, habiendo transformado su realidad para no dejar margen a ningún reparo. Sin embargo, la respuesta institucional volvió a ser la puerta cerrada. De palabra, le informaron que la medida se extendería por dos meses más bajo el mismo pretexto: exigirle un trabajo registrado en blanco y un contrato formal.

Para la defensa y las organizaciones reunidas en la Mesa de Mujeres y Diversidades de Caleta Olivia, la prórroga esconde una reprimenda punitiva hacia la joven por haber roto el silencio en los medios de comunicación. "En el caso de Tiara, ella cumplió con todo lo solicitado: consiguió trabajo, realiza cursos de formación, terminó sus materias del secundario y se paga su propia psicóloga. Sin embargo, al ir a buscar a su bebé, le informaron que extenderían la medida por dos meses más bajo el pretexto de que debe tener casa propia y un trabajo en blanco", detalló Pérez a la audiencia radial, remarcando el ensañamiento sobre la joven madre.

El impacto emocional de la medida se agrava al considerar que el aislamiento al que la someten la priva del sostén de su propia familia: "Tiara vivía antes con su mamá y su abuela, pero hace una semana logró alquilar su propio departamento con muchísimo esfuerzo. Es una situación muy difícil, porque el acompañamiento de su madre y de su abuela era una red de sostén positiva, no un impedimento. Creemos que hay un ensañamiento y un intento de adoctrinamiento hacia ella por haber visibilizado el caso", enfatizó la letrada.

Apretón judicial y pedido de explicaciones al poder político
Ante el vencimiento de los plazos y la persistencia de la irregularidad, la querella decidió profundizar la vía penal. Pamela Pérez confirmó la ampliación de la denuncia en los tribunales locales contra la titular de la Oficina de Niñez, Susana Pino, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación busca sentar un límite judicial a las intervenciones discrecionales que vulneran tanto los derechos de la madre como el interés superior del niño.

En el plano político y legislativo, el reclamo también busca abrir las puertas de la gestión municipal. "Junto con el concejal Aparicio y otros legisladores locales, pedimos un informe formal para que la autoridad de aplicación dé explicaciones de por qué se están tomando tantas medidas excepcionales de este tipo en la ciudad", explicó Pérez.

La letrada reveló además que mantuvieron un encuentro directo con las autoridades locales para exponer la gravedad del caso: "Fuimos recibidas por el intendente, quien manifestó su preocupación tras haber escuchado también los reclamos de otras vecinas. Fue receptivo y puso a disposición distintas áreas del municipio para acompañar a Tiara, gestionando ayudas sociales y oportunidades laborales. Sin embargo, en la Oficina de Niñez la postura no ha cambiado, por lo que esperamos que la causa penal siga su curso para sentar un precedente".

Mientras los expedientes avanzan lentamente en los despachos judiciales, Tiara sostiene la espera con la fortaleza que le da el acompañamiento comunitario. Su reclamo ya no es solo el pedido de justicia de una madre despojada, sino una advertencia colectiva para que la pobreza deje de ser juzgada como una condena y el Estado vuelva a ser el garante de derechos que la ley promete.