En una amplia y reveladora entrevista concedida al programa radial La Otra Mirada, la diputada provincial Agostina Mora encendió las alarmas sobre el avance del Poder Ejecutivo santacruceño en la cesión de áreas naturales protegidas.

La legisladora puso bajo la lupa el dictado del Decreto 915/26, mediante el cual el gobernador habría autorizado la venta de tierras en la Península de Magallanes a favor de la firma ASB Hospital y Picalafate —asociada a capitales árabes—. Durante la emisión, Mora cuestionó con dureza las intenciones de la medida, expuso severas inconsistencias legales e institucionales, y anticipó el pedido de informes aprobado por la Cámara de Diputados para transparentar las actuaciones.

El foco del reclamo legislativo apunta al avasallamiento del marco legal vigente en materia ambiental y de soberanía territorial.

“Tenés en primer lugar una ley nacional, la 26.736 de tierras rurales, que te establece las limitaciones a la venta de tierras a extranjeros”, remarcó, recordando que la normativa prohíbe taxativamente enajenar terrenos que linden con cuerpos de agua permanentes. “El agua está considerada un bien de dominio público y un recurso escaso… Lo que hay que trabajar ahí son los sistemas de protección”, sostuvo Mora, quien criticó la maniobra del Ejecutivo de valerse de un decreto para vulnerar tanto la ley nacional como el plan de manejo impuesto a la Península de Magallanes desde 1993.

Asimismo, expuso las inconsistencias temporales y éticas que rodean la operación administrativa. “Hay un gobernador que te viene diciendo que se viene trabajando una propuesta de 12 meses a espalda de los santacruceños, a la espalda de las personas que habitan la tierra de Calafate”, afirmó. En esa misma línea, planteó serios interrogantes sobre la firma beneficiada: “¿Por qué esa sola empresa, que es la sociedad ASB Hospital y Picalafate, tiene esa excepción siendo que fue creada hace 36 días previos a la conformación de ese decreto? ¿Quiénes son los que están detrás y con qué objetivo?”.

Ante la gravedad del panorama, la Legislatura aprobó la solicitud para que el Gobierno remita el expediente completo, los informes de impacto ambiental y la constancia de las instancias de participación ciudadana en un plazo de 24 a 48 horas.

Mora fue tajante respecto a las medidas que adoptará el bloque en caso de persistir el hermetismo: “La interrogante que se abre ahí es si estamos detrás de un nuevo Lago Escondido… Vamos a intentar por todos los medios hacernos de la documentación y, si tenemos que ir a la vía judicial, iremos a la vía judicial”.

Finalmente, la entrevista abordó la creciente tensión entre el oficialismo y los poderes del Estado, reflejada también en la insistencia del Ejecutivo por reintroducir el pliego del juez Carlos Albarracín —ya rechazado por la Cámara— y la polémica aplicación de la Resolución 307 de la Caja de Previsión Social en perjuicio de los jubilados. “Hay un oficialismo caprichoso… Este gobierno tiene una animosidad con la democracia, una animosidad con la independencia de poderes que hace que quiera hacer en esa lógica de emperador lo que quiera con el Estado. Se sentó ahí porque la gente lo votó, pero no significa que pueda hacer absolutamente lo que quiera”, concluyó Mora en las declaraciones brindadas a La Otra Mirada.