La tensión entre los gremios docentes y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz llegó a un punto crítico. Tras una nueva reunión paritaria celebrada el pasado 10 de noviembre ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social —donde participaron representantes del Consejo Provincial de Educación (CPE), del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, junto a las asociaciones sindicales ADOSAC y AMET—, la falta de una oferta salarial dinamizó la convocatoria a medidas de fuerza directas.

Durante el encuentro formal, registrado en el acta correspondiente, los representantes del Poder Ejecutivo expusieron que la situación financiera provincial “no es óptima ni la que desearíamos en términos de recaudación”, argumentando una coyuntura económica crítica que les impide formular un ofrecimiento salarial.

Por su parte, el sector sindical respondió con firmeza ante lo que consideran un estancamiento inadmisible. Desde ADOSAC manifestaron que la docencia continúa perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación —estimando un retroceso superior al 3% reciente y acumulando una pérdida anual estimada en torno al 12% si no se contempla una cláusula gatillo u mecanismos automáticos de actualización—. Asimismo, reclamaron una recomposición real que rescate a los salarios de la línea de pobreza.

El malestar gremial no se limita exclusivamente a la discusión de haberes. Durante las deliberaciones, las entidades sindicales cuestionaron con dureza la implementación de planes y programas nacionales supeditados al “cumplimiento efectivo”, tales como la Hora Más, horas de fortalecimiento y tutorías, señalando que estas figuras precarizan la labor docente y vulneran derechos constitucionales y laborales adquiridos. En este sentido, se expusieron casos particulares de docentes en localidades del interior provincial —como Puerto Santa Cruz y Los Antiguos— que habrían recibido notificaciones de baja o cuestionamientos en sus funciones vinculados al ejercicio de medidas de fuerza o licencias médicas, lo que incrementó el rechazo de los gremios hacia las directrices del CPE.

Por su parte, las autoridades del Consejo Provincial de Educación defendieron el funcionamiento de las comisiones y los canales de diálogo institucionales, asegurando que se da tratamiento a los expedientes administrativos individuales y que las normativas vigentes buscan garantizar la continuidad pedagógica. No obstante, los argumentos oficiales no lograron destrabar el conflicto ni disipar el descontento de las bases.

Ante este escenario de negociaciones truncas y respuestas consideradas “vacías de contenido” por parte de los gremios, ADOSAC y AMET ratificaron el estado de alerta. Como respuesta directa a la negativa gubernamental de otorgar una mejora en los haberes, se ha convocado formalmente a un paro provincial y movilización para este jueves 12 de noviembre, exigiendo una urgente recomposición salarial, el cese de la precarización laboral y respuestas concretas a la crisis educativa que atraviesa la provincia.