El principal argumento esgrimido por el Gobierno de Santa Cruz para dejar en cero la propuesta paritaria a los docentes radica en la imposibilidad financiera de sostener compromisos a futuro. Durante la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo, los representantes del Poder Ejecutivo expusieron enfáticamente que la coyuntura económica de la provincia “no es óptima ni la que desearíamos en términos de recaudación”.
Según la postura oficial, desde la última paritaria acordada hasta la fecha, los ingresos provinciales no han mostrado mejoría, lo que impide rigidizar o incrementar el gasto en masa salarial sin poner en riesgo la previsibilidad de las cuentas públicas.
Desde la perspectiva del Ejecutivo y del Consejo Provincial de Educación (CPE), ofrecer un porcentaje de aumento en este contexto implicaría asumir acuerdos que posteriormente “no se van a poder cumplir”. Las autoridades fundamentan su postura en la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal, sosteniendo que, aunque se comprende el marco inflacionario y el reclamo gremial por el deterioro del salario, la provincia no cuenta hoy con la liquidez suficiente ni con las herramientas presupuestarias aprobadas para destinar mayores partidas a los haberes de la docencia.
Asimismo, la representación estatal aludió al estancamiento de ciertas herramientas financieras y legislativas clave que la administración provincial había planteado para oxigenar sus fondos. Al no contar con el respaldo de normativas de endeudamiento o leyes de emergencia económica dictaminadas, el Gobierno sostiene que se ve obligado a administrar de forma extremadamente restrictiva los recursos existentes.
Bajo esta premisa, la prioridad fijada por la gestión oficial es garantizar la continuidad pedagógica y el mantenimiento de las líneas operativas del sistema educativo, supeditando cualquier futura discusión de montos a un eventual repunte en la recaudación provincial.