Es una empleada de 37 años del Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan, que se gastó la suma que le depositaron en su cuenta por una confusión.

Una mujer de 37 años quedó bajo investigación judicial en San Juan luego de su rotunda negativa a devolver los 130 mil pesos que un banco le depositó por error y que ella dice se gastó pensando que se trataba del pago de un seguro por accidente de trabajo.

Según la documentación judicial, lo que originó la confusión es que ambas cuentas tienen el mismo número: hay un número que identifica a la sede, seguido del 1133/2, la diferencia radica en que una es caja de ahorro y la otra cuenta corriente.

La mujer, identificada como Natalia García, de 37 años, es empleada pública y está con licencia.

Según su abogado Diego Sanz, su clienta recibió en febrero una transferencia bancaria de 130 mil pesos en su caja de ahorro, por un error del banco que debía depositar esa suma en una cuenta del gobierno provincial.

La mujer descubrió a los pocos días que tenía ese dinero disponible, hizo gastos por 6 mil pesos con la tarjeta de débito y retiró por ventanilla los 124 mil restantes.

En aquel momento, García declaró en el formulario que deben llenar quienes retiran más de 40 mil pesos, que la plata provenía del pago de un seguro, pero cuando una semana más tarde el banco le hizo saber del error, se negó a devolver el dinero.

Originalmente la intención de la entidad fue de no judicializar el problema y le dio a la dueña de la cuenta en la que habían depositado por error muchas posibilidades para que devolviera el dinero.

Pero ante la negativa rotunda de la "beneficiada", decidieron pedir la intervención de la Justicia.

García fue denunciada por el banco por estafa y la Fiscalía de Instrucción 1, a cargo de Daniel Guillén, cuando estuvo de turno en el mes de mayo elevó la causa al juez.

"Hay hechos concretos por los que requerí al juzgado una investigación para determinar la responsabilidad de la dueña de la cuenta", fundamentó el fiscal.

La mujer fue detenida el viernes último, en la mañana del lunes declaró ante el juez de Instrucción Benedicto Correa y luego fue liberada, pero quedó bajo investigación judicial.

Sanz dijo que su clienta "pensó que el dinero provenía del pago de un accidente de trabajo que ella denunció el año pasado, cuando un día de lluvia resbaló y se lastimó en la puerta del Centro Cívico, donde trabaja, y por lo cual los peritos determinaron una incapacidad del 7,5 por ciento".

El letrado consideró que "como ella declaró cuando retiró el dinero que se trataba del cobro de un seguro, no hay delito penal, sino que lo que pasó es que hubo negligencia del operario bancario que se equivocó al hacer la operación, ya que debía depositar en una cuenta corriente y lo depositó en una caja de ahorro que tienen el mismo número, pero que difieren en el código de clasificación bancaria".

De acuerdo a lo investigado hasta ahora, el error bancario se produjo cuando se hizo una transferencia de pago de 130 mil pesos desde una cuenta gubernamental a una empresa que se llamaría Frutas Argentinas.

Al parecer, esa empresa habría tenido un problema administrativo para poder recibir el pago, por lo que el banco canceló la transferencia y devolvió el dinero.

Pero, en lugar de volver a depositarlo en la cuenta corriente gubernamental, lo hizo en la caja de ahorro de Natalia Rodríguez, la cual tiene el mismo número.

Ese error se habría producido en la mañana del lunes 23 de febrero último. De acuerdo a lo denunciado en la fiscalía, la dueña de la cuenta hizo una consulta de los últimos movimientos en el cajero automático y así descubrió que le habían depositado 130 mil pesos.

Aquí se abre un interrogante sobre si la mujer sabía o no que ese depósito fue un error: según consta en la denuncia, al 20 de febrero último, tres días antes del error bancario, la mujer tenía en su cuenta 2,85 (dos pesos con ochenta y cinco centavos). Mensualmente cobra unos 5.500 pesos.

Durante los días martes 24 y miércoles 25 de febrero la mujer hizo pagos por un monto de 6 mil pesos con la tarjeta de débito, y en la mañana del viernes 27 de febrero se presentó por la ventanilla del banco, donde retiró los 124 mil pesos restantes.

Para concretar esa operación, por disposición del Banco Central, le pidieron que completara una declaración jurada, tal como se exige para extraer montos superiores a los 40 mil pesos.

Allí dejó constancia que el dinero provenía del cobro de un seguro. Nunca especificó cual, ya que la declaración jurada no pregunta nombres de empresas ni otros datos más específicos.

"En ese punto es que la mujer habría incurrido en la figura delictual de la estafa, tal como lo prevé el artículo 172 del Código Penal. Tal vez, si no hubiera mentido, el presunto delito podría haber sido una estafa atenuada, prevista en el artículo 175, inciso segundo", explicó el fiscal Guillén. (La Capital)

Miércoles, 24 de junio de 2015