Integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe realizaron ayer por la maana un bloqueo al yacimiento Loma Campana en reclamo porque las empresas YPF y Chevron avanzan sobre sus tierras. La situacin se agrav por la noche cuando los manifestantes tomaron cinco equipos de perforacin, un set de fractura y un equipo de pulling. Desde la petrolera estatal se advirti por la seguridad de los mapuches y de los operarios del yacimiento, adems de sealar que esto causar prdidas millonarias.
YPF sali tambin al cruce del reclamo al asegurar que la medida viola los acuerdos de paz social vigentes, al tiempo que se indic que los promotores de estas acciones no defienden intereses de una comunidad sino de particulares. Las petroleras continan su desarrollo sobre espacios de pastoreo contaminando todo, expres en un comunicado la familia Campo Maripe. Por su parte, desde YPF se afirm que se cumple con los acuerdos alcanzados y que los argumentos que exponen los dirigentes para llevar adelante esta medida, especialmente los referidos al relevamiento territorial, son una excusa. Se resalt que este relevamiento se encuentra en plena ejecucin pero que determinados dirigentes, como Gabriel Cherqui y Jorge Nahuel, presionan para que el proceso se defina de acuerdo con sus unilaterales reclamos, independientemente de los resultados que arrojen los estudios pertinentes. De esta manera, podran utilizarlos como instrumento para reclamar compensaciones millonarias e injustificadas a la empresa. Tambin se indic que se les ofreci recorrer de manera conjunta las zonas supuestamente afectadas para hacer un relevamiento que la comunidad rechaz en reiteradas oportunidades. Por otra parte, YPF inform que est finalizado un proyecto productivo para la familia en 40 hectreas y que se les otorga ms de 140 mil pesos mensuales para realizar dulces y conservas, pero que si no son utilizados con ese fin suspendern el pago.
Contra el corte
Dura crtica del Gobierno
El gobernador Jorge Sapag rechaz ayer el bloqueo a Loma Campana y afirm estar en contra de cualquier manifestacin de violencia. Calific la medida como una expresin ilegtima que va contra la libertad de comercio y trabajo y asegur que el Estado provincial es el nico propietario de los recursos. Ellos (por los Maripe) no pueden arrogarse derechos que no les corresponden, dijo. (La Maana)