En la jornada del lunes, Miguel Páez y los dirigentes César Ibáñez, Gabriel Oviedo, Cristian Gordillo, Pablo Gutiérrez y Germán Cardeza asistieron a la sede del Juzgado Federal de 1ra Instancia de Río Gallegos, a cargo del juez federal subrogante doctor Aldo Suárez, quien dispuso citarlos a prestar declaración indagatoria. “Ante la judicialización del reclamo que estamos llevando adelante en Río Turbio y que es legítimo, cuyo basamento es la estabilidad laboral de los trabajadores, habida cuenta que la Intervención viene apelando a ciertos artilugios para despedir sin justa causa, es por ello que hemos iniciado una medida de acción directa, herramienta que tenemos los trabajadores para hacer visible un reclamo. Hoy fuimos citados por la Justicia para prestar declaración sin saber cuál es la causa y por qué el motivo de la citación”, cuestionó el representante.
“Este gobierno, con sus políticas neoliberales y su metodología, viene aplicando medidas en contra de los trabajadores del Estado. Han despedido a miles de trabajadores a nivel nacional, han denunciado convenios colectivos de trabajo. En nuestro caso, la única mina a carbón que es dirigida y operada por el Estado nacional no escapa a esa realidad. Empezaron con la denuncia del CCT y siguieron con la vieja receta de los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, despidos indiscriminados, persecución ideológica, desinversión en los distintos sectores de trabajo y paralización de las obras. El caso testigo es la Central Termoeléctrica. Con un 30 % para finalizarla y ponerla a producir energía, hoy no sabemos si se va a terminar de concretar. La mega usina es producto de históricas luchas, no solo de los mineros, sino también del conjunto de los pueblos que conforman la Cuenca. Esa obra no solo contribuirá a ampliar la capacidad energética de la provincia, sino que le dará también valor agregado al carbón de Río Turbio”, afirmó el secretario general.
ate p1Más allá de esto, el dirigente planteó que existe “una situación crítica” en el ramal ferroportuario de Punta Loyola “por el ajuste que viene aplicando la Intervención”. “Hoy, nuestro yacimiento está paralizado. Vemos que la situación y continuidad a futuro se va agravando más ante los despidos con ésta modalidad de contratos a referéndum. Por resolución se deja sin efecto el contrato y sobreviene el despido, y ello es preocupante”, analizó.
Respecto de la citación judicial, el fiscal que entiende en la causa sostuvo que el reclamo es legítimo y que las diferentes posturas debían ser debatidas y consensuadas en el Ministerio de Trabajo, o en los ámbitos que correspondan, no por la vía legal. Pero aun así, se radicó una denuncia sosteniendo que se está poniendo en riesgo el patrimonio del Estado y la integridad física de los trabajadores. Para Páez, esto “es una falacia”. “Si existe riesgo para la vida de los trabajadores es por falta de recursos, de inversión y falencias en el tratamiento de las normas de seguridad e higiene laboral. Nuestro reclamo, si bien es ante la estrategia que está utilizando la empresa para despedir, es en resguardo de los bienes del Estado. Queremos un presupuesto que contemple las inversiones necesarias para seguir produciendo y se dé real cumplimiento a los derechos y beneficios de los trabajadores. Por ello es que hoy queremos que la Intervención deje sin efecto las resoluciones, dándole garantía de continuidad y estabilidad laboral a todos los trabajadores”, cerró. (Fuente: Patagonia Nexo)