“Las situaciones cotidianas de la vida influyen sobre cada una de las personas de manera diferente”, comienza el proyecto de resolución que ayer no pudo ser votado por la falta de quórum en la sesión 494 del Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia.

La concejal Andrade plantea situaciones difíciles para la dirigencia local: la falta de dinero para pagar a los empleados municipales, la falta de terrenos para entregar, la falta de servicios, la falta de posibilidades de que la gente pueda llevar un plato de comida a la mesa, son todas situaciones que pueden haber generado estrés, presiones y hasta delirios místicos o de grandeza a los políticos de la ciudad.

Por esto, el proyecto resuelve solicitar al Ejecutivo Municipal que profesionales del Hospital Zonal realicen test psicofísicos a los cargos electivos y políticos de nuestra ciudad, con el fin de detectar y evitar si la función pública se encuentra o no afectada por patologías que obnubilan el criterio de nuestros funcionarios. En la sesión del día lunes, Andrade pidió que se realice una pericia psicológica para Rubén Martínez. En esa ocasión su pedido no tuvo efecto.

Martínez a la Comisión de Ética Pública Provincial

Un segundo proyecto de resolución de Liliana Andrade busca informar a la Comisión de Ética Pública “sobre las desobediencias incurridas por el concejal Rubén Omar Martínez, a los fines de que se le apliquen sanciones. Según la concejal, Martínez pone en peligro el deber de proteger y conservar los bienes del Estado incitando a los habitantes de Caleta Olivia a cometer ilícitos penados por Ley.

Desde la Ley N°25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública y la Ley provincial N°3325, cuyo artículo N°58 propone requerir a la Comisión de Ética Pública para instruir un sumario o poner a funcionar los mecanismos necesarios, Liliana Andrade busca denunciar el accionar “ilegal” y la actuación “no permitida” del edil Martínez.

De este modo, según Andrade, la confección de un acta de entrega para la toma de posesión de los terrenos con el logo del HCD (sin validez legal alguna) en donde se obliga a abonar el lote sin especificar monto, ni dimensiones, ni ubicación da cuenta, en un predio que aún no se sabe fiscal oprivado, de una usurpación masiva. (VyA)