A través de un comunicado de prensa la CTA Santa Cruz, repudió la decisión de la Jueza Rosana Suárez de imputar a los dirigentes Hugo Jerez, Diego Barrionuevo y Juan Manuel Valentín por los supuestos daños en la Casa de la Gobernadora Alicia Kirchner en 2017.

En este marco, expresaron que: "Esta decisión realizada bajo la intensa presión de la Fiscalía de Estado, tiene un inocultable contenido político y antijurídico: Se trata de criminalizar dirigentes y de intimidar a los que luchan contra las políticas de ajuste en vigencia a nivel nacional y también provincial", agregando que "la elección de perseguir puntualmente a estos tres compañeros entre cientos de manifestantes, está claramente direccionada por el poder político, para descalificar a dirigentes que han mantenido una clara independencia del poder político".

Siguieron, expresando que "la misma Jueza que tiene hace muchos años durmiendo en un cajón, la denuncia por la retención (sustracción) de los fondos sindicales a la ADOSAC que ya implica decenas de millones de pesos, es la que ahora pretende criminalizar a honestos luchadores sociales. Las dos varas de esta Jueza la muestran en un accionar absolutamente parcial y vinculado a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo Provincial".

Además, expusieron que el ajuste y el plan del FMI "no cierran sin represión de la protesta social y sin criminalización de los dirigentes actuales o potenciales de esa protesta social. En este punto no hay diferencias entre Macri y Alicia Kirchner, como lo ha plasmado la lapidaria felicitación del Ministro Frigerio a nuestra gobernadora en el sentido de que “Hace bien los deberes”. La criminalización de la protesta es también parte de esos “deberes”.

Por todo lo expuesto: "La CTA Santa Cruz expresa todo su apoyo a los compañeros afectados, y por sobre todas las cosas planteará en el terreno de las medidas de acción directa, la respuesta contundente que merece este avance de la persecución contra trabajadores y luchadores populares".