Por primera vez se conoce, provincia por provincia, la cantidad de abusadores sexuales que tienen condena firme: son 23.461 en total. Cada uno de ellos, libres o presos, con nombre y apellido, ya fue incluido en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual que depende del Ministerio de Justicia, el programa que busca recolectar sus muestras de ADN bajo orden judicial para producir cotejos que conduzcan a resolver casos sin condena.

La provincia de Buenos Aires, con 6.699 violadores y abusadores, encabeza el aberrante ranking provincial, un hecho lógico por su densidad de población y por contar con la mayor población de detenidos en todo el país.

Sigue Santa Fe, con 1.312 depredadores sexuales.
El podio lo completa Salta: allí hay 1.270 abusadores o violadores con sentencia firme. Por la cantidad de población que tiene esa provincia -1.333.000 habitantes- debería ser considerada como el territorio donde se concentra la mayor cantidad de abusadores. Por otra parte, Salta es la provincia con más femicidios y travesticidios, 23 hechos en 2017, según datos publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Chaco, con 897 casos, Entre Ríos con 876 y Misiones, con 781 casos de violadores y abusadores –siempre con condena firme- son las otras tres provincias que sobresalen en la tabla de los delitos de agresión sexual que en determinados casos (el porcentaje no figura en la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos) termina en la muerte de las mujeres, niñas y niños que fueron violentados sexualmente.

Sin ir más lejos, en mayo del año pasado, Entre Ríos ganó los principales títulos informativos cuando la Justicia condenó a 25 años de prisión Justo José Ilarraz, un sacerdote de 57 años, por haber abusado y corrompido a siete niños en el Seminario Arquidiocesano de Paraná. El cura católico era prefecto de disciplina y guía espiritual en el seminario donde perpetró los abusos de los chicos que estaban bajo su tutela. Las víctimas tenían entre 13 y 14.
Otro cura, Julio Cesar Grassi, se transformó en el primer sacerdote que debió entregar –fue de manera compulsiva, no voluntaria, obligado por una orden judicial tras negarse una primera vez- una muestra de ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos que preside el médico genetista Jorge Dotto.

A esta importantísima herramienta que ayudará a esclarecer causas de violaciones en un futuro cercano, ya se incorporaron 286 muestras de violadores y abusadores –la mayoría de ellos detenidos- de las localidades de Campana (15), Ezeiza (11), Marcos Paz (19), CABA (21), Junín (35), Magdalena (5), San Martín (28), Viedma (5), Esquel (7), Santa Rosa (2), Senillosa (27), General Roca (5), entre otras.

La tarea que se propuso el RNDG es, al menos en apariencia titánica. Tomar muestras –que ya fueron autorizadas por los magistrados- de 17.600 condenados. De ese total, casi cinco mil permanecen en prisión, como por ejemplo Jorge Luis Mangeri, el portero condenado por el femicidio y la tentativa de abuso de la adolescente Ángeles Rawson, que también se negó a entregar su ADN mediante un hisopado bucal en el penal de Ezeiza. El genetista Dotto insistió ante el tribunal que lo condenó para que se incorpore al Registro su muestra que estaba archivada en el Cuerpo Médico Forense.

El registro de Datos Genéticos depende del ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano. Consultado por Infobae, Garavano reflexionó: "Desde el Ministerio trabajamos para que las víctimas tengan una respuesta, es por ello que avanzamos en la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) y en la implementación del Registro, que ayuda en las investigaciones judiciales y en el esclarecimiento de los hechos criminales graves".

Como parte de estos operativos para poner en marcha el Registro la semana pasada se realizó una nueva toma de muestras de ADN de personas que tienen condena firme por casos de este tipo. La toma, realizada con un hisopado de las encías – un método no invasivo- se llevó a cabo en el penal de Campana, lugar donde Grassi purga condena. La tarea se realizó con la colaboración del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo mismo se realizó en Junín. Allí se tomaron 79 muestras: 35 de personas en libertad y 44 de las unidades penitenciarias 16 y 49.

En los últimos 10 años los delitos de índole sexual aumentaron un 100%, no porque los abusadores o violadores se hallan multiplicado, sino porque las mujeres y jóvenes –las principales víctimas- se animaron a denunciar, en parte por la amplia difusión que tiene el tema, y sobre todo por la variedad de herramientas que se pusieron a disposición de las y los violentados por parte del estado nacionales y los provinciales y municipales, un hecho que parecía utópico hace 20 o 30 años atrás.
La ley que ponía en funcionamiento el también denominado "registro de violadores" fue sancionada en julio de 2013, pero nunca se había reglamentado. Por eso, a través del decreto 522 del Poder Ejecutivo, publicado en el Boletín Oficial el 17 de julio de 2017, se creó el registro a cargo del genetista Dotto. Del universo de 23.461 personas con sentencia firme, el RNDG ya solicitó autorización a la justicia para la obtención del perfil genético de 16.605 personas.

El Registro cuenta con una base unificada de condenados que permite el entrecruzamiento con las evidencias obtenidas en el lugar del hecho e identificar las coincidencias. La Base se nutre de la información provista por el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), los Servicios Penitenciarios Provinciales (SPP).

Los perfiles genéticos son almacenados, sistematizados y la comparación se realiza a través del sistema CODIS (por sus siglas en inglés: Combined DNA Index System o "Sistema de Índice Combinado de ADN"), que fue desarrollado por el FBI y permite encontrar las coincidencias entre los perfiles de los condenados.

La mayor cantidad de los 6.699 condenados con sentencia
firme de la provincia de Buenos Aires, y que están alojados en penales bonaerenses o en libertad se los ubica en Lomas de Zamora (994), Mercedes (916), San Martín (700), Quílmes (535), La Plata (535) y Morón (461), entre otros municipios. Tanto el ministro Garavano, como el genetista Dotto, coincidieron en resaltar la importante colaboración de los jueces de ejecución penal que tienen bajo su tutela violadores y abusadores para autorizar la toma de muestras de ADN, que se transformará en el perfil genético, que en este tipo de delitos, será tan confiable como una huella digital al momento de identificar alguna muestra de piel, cabello, o algún tipo de flujo. (Fuente: Infobae)