Desde la primera jornada del debate oral por el homicidio del empresario Nelson Ariel Romero, la estrategia acusatoria fijó un límite ético y procesal categórico frente a los intentos de desviar la atención hacia la vida personal de la víctima. Ya en el inicio mismo de las audiencias, la fiscal de juicio, Dra. Verónica Zuvic, instó formalmente al tribunal y a las partes a no indagar en la intimidad del comerciante riogalleguense, fundamentando su postura en los preceptos de la Ley Nacional N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Remarcó que la normativa vigente exige resguardar la dignidad y el honor de la persona fallecida y sus familiares, por lo que cualquier especulación sobre su ámbito privado resulta impertinente, abstracta y carente de valor probatorio para juzgar la conducta del único acusado.

La intervención del Ministerio Público Fiscal reordenó el eje del juicio sobre la evidencia objetiva del expediente desde el comienzo del debate. Según la acusación, la reconstrucción del crimen no depende de conjeturas ni de relatos orientados a estigmatizar a la víctima o vulnerar las garantías que le otorga la ley, sino de la contundencia de las pruebas científicas y técnicas recolectadas durante la investigación.

Entre los elementos centrales que sustentan la imputación contra el suboficial de la Policía de Santa Cruz, José Daniel Cabrera Gallardo, se destacan los rastreos satelitales del GPS, las pericias telefónicas, el secuestro de pertenencias de la víctima en poder del imputado y el hallazgo de las herramientas utilizadas para ocultar el cuerpo.

Por su parte, la defensa de Cabrera Gallardo intentó desvirtuar la hipótesis del robo seguido de muerte planteando un escenario de conflicto informal y formulando nulidades procesales, con el objetivo de atenuar la calificación legal o justificar el accionar del policía. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella rechazaron de plano los planteos de nulidad y mantuvieron de manera firme la acusación por homicidio criminis causae en concurso real con robo, una figura penal que prevé únicamente la pena de prisión perpetua.

Con los alegatos concluidos y las posturas de las partes claramente delimitadas, la atención se traslada ahora a la decisión de los jueces. El Tribunal Oral dará a conocer el veredicto el próximo miércoles 9 de septiembre, cerrando un proceso judicial que conmovió a la comunidad de Río Gallegos y en el que la Justicia deberá expedirse sobre la responsabilidad penal del imputado.