El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y su padre y defensor, Juan, aseguraron que el procedimiento que se tramita en el Consejo de la Magistratura para apartar al magistrado de la causa que investiga una red de espionaje ilegal fue impulsado por el propio presidente Mauricio Macri y “no surge acusación concreta”. Además, apuntaron contra la filtración de escuchas ilegales a presos K y exigieron la declaración de funcionarios políticos y judiciales para aclarar el origen de las mismas y su interés en la pesquisa que tramita en aquél Tribunal.

En un escrito, el defensor manifestó que el proceso de remoción “se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministro de Justicia, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (Juan Bautista Mahiques), sus aliados políticos y judiciales” contra el magistrado que “con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda” para el Gobierno. Por ello, pidió que los consejeros entiendan “la gravedad institucional” de impulsar la remoción y obstruir la investigación.

El abogado recordó que el 17 de marzo el propio Macri dio la orden de ir contra Ramos Padilla al decir que “no es la primera vez” que el juez de Dolores avanza con cuestiones que le molestan y que “ya ha hecho varias”. Después de estas declaraciones, el Ministerio de Justicia de Germán Garavano y Mahiques “iniciaron este expediente, al que luego se le agregaron “escuchas filtradas” por la Agencia Federal de Inteligencia que dirige Gustavo Arribas -amigo personal del presidente-, con la participación de magistrados y legisladores investigados en la causa de Dolores”, en referencia al fiscal rebelde Carlos Stornelli y las diputadas de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Paula Olivetto y Mariana Zuvic.

Las escuchas ilegales a las que hizo mención son las realizadas a presos K en el penal de Ezeiza. Por orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, se pincharon los teléfonos públicos de la cárcel por una causa de narcotráfico pero se grabaron todas las conversaciones y se difundieron mediáticamente la de ex funcionarios detenidos. Estas llegaron de forma “anónima” a las diputadas de la Coalición Cívica y al propio Stornelli. “No caben dudas de que el presidente siempre estuvo informado por la propia AFI de esta “operación escuchas”, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en rees de gabinete”, manifestó Juan Ramos Padilla.

El abogado agregó que estas conversaciones y su difusión impulsaron la “fabricación” de causas contra el juez de Dolores y “han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales impropias del Poder Judicial y que ese Consejo de la Magistratura debería erradicar inmediatamente”.

Según las legisladoras oficialistas y el fiscal rebelde, todos involucrados en la causa que investiga la red de espionaje ilegal, esta pesquisa fue armada desde Ezeiza por los detenidos K. “Está claro que el juez Alejo Ramos Padilla no pudo haber actuado de acuerdo con Marcelo D´Alessio, Ricardo Bogoliuk y Norberto Degastaldi, a quienes allanó, detuvo y les dictó la prisión preventiva”, argumentó el abogado defensor. “En todo caso, las legisladoras se encuentran autorizadas a formular sus presentaciones en el Juzgado de Dolores”, donde ya fueron invitadas a proporcionar las pruebas y aclaraciones que consideren pertinentes sobre su relación con el espía. Por eso, remarcó que “no es posible determinar cuál sería el delito –salvo la intromisión ilegal en la privacidad y la utilización de escuchas ilegales en contravención con la ley de inteligencia-“al grabar y difundir estas conversaciones sin orden judicial.