El envío del Presupuesto 2026 al Congreso Nacional, programado para las sesiones extraordinarias de diciembre, no es un mero trámite administrativo; es la hoja de ruta económica del Gobierno de Javier Milei. La necesidad de aprobar esta ley —que definirá el gasto, el déficit y la inversión— es urgente para el oficialismo, que ve en ella la herramienta clave para consolidar su plan de déficit cero y estabilización macroeconómica.

?? El Precio del "diálogo"
El Gobierno ha mostrado optimismo respecto a la obtención de la mayoría necesaria, un optimismo que se basa en las negociaciones con los gobernadores denominados "dialoguistas". Estos acuerdos se están tejiendo con un intercambio bien definido: votos legislativos a cambio de destrabar obras públicas, renegociar deudas y garantizar el flujo de fondos coparticipables a las provincias.

Esta dinámica, aunque política, tiene consecuencias directas para los ciudadanos. La "letra chica" del Presupuesto, y de las leyes complementarias que se buscan aprobar, está siendo moldeada por esta negociación de cúpula, donde las prioridades de los trabajadores y los sectores productivos a menudo quedan relegadas frente a la urgencia fiscal.

El impacto directo en los trabajadores
La preocupación se centra en cómo este presupuesto afectará al empleo y al poder adquisitivo, especialmente en un contexto donde el ajuste fiscal es el eje central de la gestión Milei:

Empleo público y salarios: Si el Presupuesto 2026 mantiene la política de "motosierra" del gasto público, se prevé una congelación o limitación severa de los salarios en el sector público. Además, podría haber una continuidad en la no renovación de contratos en distintas áreas estatales, generando inestabilidad y desempleo en un sector clave.

Obra pública y empleo privado: Aunque los gobernadores buscan destrabar obras, el espíritu general del Presupuesto Milei apunta a la drástica reducción de la inversión pública. Este recorte impacta directamente en el sector de la construcción, uno de los principales generadores de empleo privado, llevando a despidos y al freno de la actividad en miles de PyMEs constructoras.

Transferencias sociales y subsidios: El Presupuesto es el instrumento para ratificar el recorte o la reformulación de subsidios al transporte y la energía, así como las transferencias a programas sociales. Cualquier reducción aquí significa una pérdida directa en el ingreso disponible de los trabajadores de menores recursos y un aumento de los costos de vida, erosionando el poder adquisitivo.

¿Un ajuse sin desarrollo?
El Gobierno busca la estabilidad a través del ajuste, pero la pregunta es si ese ajuste está diseñando una base para el desarrollo futuro o si simplemente está trasladando el peso del déficit a las espaldas de los trabajadores. La falta de un plan claro de fomento productivo o de protección al mercado interno, sumado a un Presupuesto restrictivo, podría profundizar la recesión y el deterioro social.

La aprobación del Presupuesto 2026 será un termómetro de la capacidad de Milei para gobernar con minoría, pero su verdadero legado se medirá por si el pacto alcanzado en el Congreso logra estabilizar las cuentas sin sacrificar el trabajo y el futuro de millones de argentinos.