El proyecto se presenta como una herramienta fundamental para combatir la inseguridad y el crimen organizado, poniendo foco en la prisión efectiva como regla. Los puntos centrales de la reforma incluyen:

Endurecimiento de penas: Se elevan las penas para delitos graves como homicidios, robos agravados, narcotráfico, abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas.

Imprescriptibilidad: Se propone eliminar la prescripción para delitos de abuso sexual y homicidio agravado, garantizando que el paso del tiempo no sea un impedimento para la acción de la Justicia en estos crímenes aberrantes.

Cumplimiento efectivo: La reforma buscará elevar los mínimos penales y permitir que condenas menores a tres años, que habitualmente son de cumplimiento condicional, pasen a ser de cumplimiento efectivo en prisión.

El Punto de Conflicto: ¿Se Elimina el Femicidio?
Mientras la mayor parte de la reforma se centra en el endurecimiento general de las penas, un punto en particular encendió la alarma y generó gran controversia: la posible eliminación de la figura del femicidio como agravante penal específico.

Consultada sobre las modificaciones, Patricia Bullrich confirmó que este es un tema en discusión dentro del borrador final:

“Esos temas están en debate y se los vamos a contar cuando el proyecto ya esté en la calle”, declaró la exministra.

La figura del femicidio, que tipifica el asesinato de una mujer o persona con identidad de género femenina por motivos de género, fue una conquista de las organizaciones feministas y de derechos humanos y su potencial eliminación despierta el rechazo y la movilización de diversos sectores sociales y políticos, argumentando que se desandaría un camino crucial en la lucha contra la violencia machista.

El debate se anticipa tenso y profundo, con el Gobierno buscando imponer una agenda de mano dura y la oposición y organizaciones sociales preparándose para resistir los cambios más polémicos, especialmente aquellos que impactan en la protección de víctimas de violencia de género.