En un fuerte posicionamiento político y económico, el intendente Pablo Grasso cuestionó duramente la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El jefe comunal calificó la medida como un "retroceso histórico" y alertó sobre las graves consecuencias financieras que el nuevo esquema impositivo tendrá para las administraciones locales de toda la provincia.

Un retorno a las "épocas de los vales"
Grasso comparó los artículos del proyecto con las prácticas de principios del siglo XX, cuando a los peones patagónicos se les pagaba con vales o velas. Según el intendente, habilitar que el salario se abone en vivienda, comida o especies representa una degradación del concepto de trabajo.

"Esta reforma es retrógrada y esclavista. Mientras el mundo debate reducir la jornada laboral, acá se discuten jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras", sentenció el dirigente peronista.

Asimismo, detalló los puntos que considera más críticos para el trabajador:

Fraccionamiento de vacaciones: Quedarían supeditadas al criterio exclusivo del empleador.

Indemnizaciones en cuotas: El pago por despido podría extenderse hasta en 12 meses.

Debilitamiento sindical: La atomización de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa sobre los sectoriales.

El "agujero" financiero de los municipios
Más allá del plano laboral, Grasso puso el foco en las arcas públicas. De acuerdo con el análisis del municipio, Santa Cruz se enfrenta a un desfinanciamiento masivo como consecuencia de las modificaciones en la recaudación nacional.

"Los municipios santacruceños perderían cerca de $5.000 millones", advirtió Grasso, explicando que la caída en la coparticipación pone en riesgo directo la prestación de servicios básicos, el mantenimiento de infraestructura y el pago de sueldos locales.

"Ya lo vivimos"
A través de sus redes sociales, el intendente reforzó su postura vinculando la actual coyuntura con la crisis de los años noventa. "Lo que se vota hoy ya lo vivimos: flexibilización y desempleo. Muchos creyeron en la modernización y terminaron desocupados", publicó en su cuenta de X.

Finalmente, Grasso vinculó este escenario con el cierre de la planta de Fate y la salida de YPF del petróleo convencional en Santa Cruz, asegurando que se trata de un "modelo de saqueo y abandono" por parte del Gobierno Nacional con la complicidad del Ejecutivo Provincial.