La situación de las dependencias policiales en la capital santacruceña ha pasado de ser una preocupación logística a convertirse en una emergencia institucional y sanitaria. En un reciente balance anual, la presidenta de la Cámara Criminal, Dra. Alejandra Vila, puso el foco en la grave falta de infraestructura penitenciaria que obliga a mantener a personas condenadas en lugares que no están aptos para ello.

“Un gran inconveniente es la poca disponibilidad de alojamiento de personas detenidas, ya que las actuales unidades se encuentran con cupos agotados, lo que provoca hacinamiento en los lugares de alojamiento”, sentenció Vila.

La magistrada fue contundente al señalar que, pese a las gestiones judiciales, la respuesta del Poder Ejecutivo es nula: “Si bien se cursan periódicamente comunicaciones al Ministerio de Seguridad, es aún un tema pendiente de solución”, afirmó.

La realidad detrás de los números
Las palabras de la Dra. Vila cobran un sentido de urgencia al analizar el estado de las comisarías locales. Actualmente, las dependencias funcionan como "cárceles de barrio" donde los protocolos de salud han colapsado.

El caso más alarmante se registra en la Comisaría Quinta, donde se ha reportado un brote de sarna entre los internos. El hacinamiento y la falta de ventilación han transformado los calabozos en un caldo de cultivo para enfermedades cutáneas que ya ponen en riesgo la salud del personal policial.

Un sistema "depósito" que ignora la ley
El relevamiento de datos actuales en Río Gallegos confirma la advertencia de Vila. Las comisarías, diseñadas para detenciones transitorias de pocas horas, hoy albergan a más de 45 personas, muchas de ellas con sentencias firmes por delitos aberrantes.

El Ministerio de Seguridad bajo la lupa
La advertencia de la Justicia es clara: el Poder Judicial cumple con condenar, pero el Estado Provincial falla en alojar. Mientras el Ministerio de Seguridad no invierta en nuevas plazas del Servicio Penitenciario Provincial, las comisarías seguirán siendo depósitos humanos.

Esta "política de parche" no solo vulnera los derechos humanos de los detenidos y las condiciones laborales de la policía, sino que debilita la seguridad ciudadana. Con agentes destinados a cuidar presos en celdas hacinadas y enfermas, hay menos patrulleros en las calles y más peligro de motines en el corazón de los barrios.